Las autoridades de las universidades nacionales intensificarán desde esta semana su reclamo al Gobierno con una campaña en redes sociales para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La iniciativa es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todo el país.

El objetivo es visibilizar la situación crítica del sistema universitario y presionar para que la administración de Javier Milei envíe los fondos destinados a salarios, becas y gastos de funcionamiento. La campaña también servirá como antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo en todo el país.

Desde el CIN advierten que el ajuste presupuestario ya alcanza el 45%, lo que deja a muchas universidades operando con recursos insuficientes y con dificultades para sostener actividades básicas. A esto se suma la paralización de fondos para becas de investigación, consideradas clave para el desarrollo académico y científico.

El conflicto también tiene un fuerte componente salarial. Según datos del sector, docentes y nodocentes acumulan una pérdida de 141 puntos frente a la inflación desde fines de 2023, lo que —afirman— equivale a haber trabajado sin percibir siete salarios completos en los últimos 30 meses.

La tensión escaló tras la aprobación de la ley de financiamiento universitario en noviembre de 2025, que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar los recursos necesarios para el sistema. La norma fue finalmente promulgada luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero su implementación sigue sin concretarse.

Ante ese escenario, el CIN inició acciones judiciales para exigir su cumplimiento. La Justicia falló en primera y segunda instancia a favor de las universidades, aunque el Gobierno apeló y llevó el caso a la Corte Suprema, lo que mantiene abierto el conflicto.

En paralelo al frente judicial, los rectores ahora buscan fortalecer el reclamo en la opinión pública. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Oscar Alpa, ya se pronunciaron a favor de la campaña y convocaron a “toda la sociedad” a respaldar la defensa de la universidad pública.

“El Gobierno debe cumplir con la ley y con los fallos judiciales que ordenan recomponer salarios y garantizar el funcionamiento del sistema”, es el eje del mensaje que comenzará a circular en redes.

Desde el ámbito universitario sostienen que el incumplimiento de la norma no solo afecta el funcionamiento de las instituciones, sino que también pone en cuestión principios básicos del sistema democrático, como la división de poderes.

Con este escenario, las universidades buscan ampliar el respaldo social a su reclamo y llegar fortalecidas a una nueva jornada de protesta que promete volver a poner en el centro del debate el financiamiento de la educación superior en Argentina.