La Cámara de Casación Penal bonaerense ratificó por unanimidad la absolución libre y sin costas dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Mercedes. Después de años de exposición, hostigamiento y consecuencias familiares y políticas, el ex presidente del Concejo Deliberante de Moreno reclama que se investigue la trama que —según denuncia— convirtió una acusación penal en una herramienta de disciplinamiento político.

La Justicia volvió a fallar a favor de Marcelo Javier García. La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la absolución que había dictado en julio de 2025 el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 del Departamento Judicial de Mercedes, en la causa por abuso sexual que atravesó durante casi ocho años la vida personal, familiar y política del ex presidente del Concejo Deliberante de Moreno.

La decisión, según la información proporcionada por García y su defensa, fue adoptada por unanimidad y quedó plasmada en una resolución de veinte páginas. Casación rechazó los cuestionamientos contra el fallo absolutorio y consolidó así el denominado doble conforme: dos instancias judiciales coincidieron en que García debía ser absuelto.

No se trata solamente de una victoria técnica de su defensa. Es la segunda respuesta categórica de la Justicia frente a una acusación que produjo consecuencias mucho antes de que existiera una sentencia: exposición pública, estigmatización, aislamiento político, afectación de sus vínculos y un daño difícil de reparar.

Durante años, García cargó con una condena social anticipada. Ahora, dos tribunales respaldan su inocencia.

Una absolución libre y sin costas, ahora ratificada

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Mercedes había absuelto a García de manera libre y sin costas luego del juicio oral desarrollado en julio de 2025. La existencia de aquella sentencia fue informada por distintos medios de Moreno y la región y representó el primer pronunciamiento jurisdiccional definitivo después de una investigación iniciada a partir de una denuncia formulada en 2018.

La resolución de Casación ratifica aquel veredicto y fortalece la posición judicial del dirigente. No fue un archivo prematuro ni una decisión tomada sin debate: existieron investigación, acusación, juicio oral, valoración de la prueba y revisión por un tribunal superior.

Para García, esa secuencia tiene un significado inequívoco: la Justicia examinó el caso y lo absolvió; posteriormente, Casación revisó el fallo y volvió a sostener el resultado favorable.

“El daño ya está hecho, pero hoy nadie puede seguir hablando como si existiera una condena. Fui absuelto en un juicio oral y esa absolución fue confirmada por Casación. Después de casi ocho años, la verdad finalmente se abre paso”, sostuvo.

Ocho años de castigo sin condena

García es profesor de Ciencias Políticas y desarrolló una extensa actividad pública en Moreno, donde llegó a presidir el Concejo Deliberante. Cuando la denuncia tomó estado público, en 2018, dejó la presidencia del cuerpo legislativo en medio de una enorme conmoción política y mediática. Su alejamiento fue informado entonces por medios provinciales.

A partir de ese momento comenzó, según relata, una etapa marcada por la sospecha permanente y por una condena pública que se adelantó varios años al juicio.

“Fue un infierno de dolor, impotencia e injusticia. Hubo quienes decidieron condenarme antes de escucharme y quienes utilizaron la acusación para intentar borrarme de la vida política. Nosotros elegimos ponernos a derecho y enfrentar el proceso con la frente en alto porque conocíamos la verdad”, afirmó.

García sostiene que la causa funcionó en los hechos como un mecanismo de proscripción y disciplinamiento: una suerte de “fascismo político” que, bajo la apariencia de una superioridad moral incuestionable, habría pretendido excluirlo de toda actividad pública sin esperar una decisión judicial.

Durante casi ocho años, la sola existencia de la denuncia operó como una sentencia paralela. Hubo consecuencias políticas, personales y familiares que ninguna absolución puede eliminar de manera retroactiva.

“La Justicia me dio la razón, pero nadie puede devolverme los años perdidos ni borrar lo que atravesaron mi compañera, mis padres, mi hijo y toda mi familia. Fue un castigo sin condena, sostenido por intereses que nada tenían que ver con la búsqueda de la verdad”, expresó.

“Fue una falsa denuncia y una operación política”

García sostiene que el origen de la causa no puede analizarse al margen de las disputas existentes dentro del espacio político al que pertenecía la denunciante. Según su versión, antes de la acusación se produjeron exigencias, hostigamientos y episodios que interpreta como intentos de presión y extorsión.

Esas afirmaciones integran la reconstrucción política que realiza el dirigente y deberán ser diferenciadas de aquello que quedó estrictamente establecido en la causa penal: que fue absuelto en el juicio oral y que esa absolución fue posteriormente confirmada por Casación.

“La acusación fue falsa y formó parte de una operación política destinada a destruirme. Primero intentaron condicionarme; como no pudieron, buscaron condenarme socialmente. Ahora la Justicia habló dos veces”, manifestó García.

El dirigente también cuestionó el papel de sectores políticos y colectivos que, según afirma, intentaron ejercer presión pública sobre los magistrados para obtener una condena.

“A pesar de todas las presiones, de los escraches y de quienes pretendían convertir una consigna política en una sentencia judicial, los jueces valoraron la prueba. La Justicia no podía condenar a una persona cuando la acusación no había logrado demostrar su culpabilidad”, señaló.

La movilización social y el acompañamiento de una denuncia son expresiones legítimas dentro de una sociedad democrática. Pero ninguna presión pública, pertenencia política o identidad colectiva puede reemplazar la prueba ni alterar las garantías constitucionales de quien enfrenta un proceso penal.

Defender a las víctimas exige investigar seriamente cada denuncia. También exige respetar la presunción de inocencia y reconocer sin ambigüedades una absolución cuando los tribunales determinan que la acusación no pudo sostenerse.

El trabajo de la defensa

Durante el juicio oral, García fue asistido por los abogados Fernando Sicilia y Francisco Saracino. En la etapa de instrucción también contó con la intervención y el acompañamiento del abogado Miguel Ángel Pierri.

“Agradezco a los doctores Fernando Sicilia y Francisco Saracino por una defensa jurídica contundente, y al doctor Miguel Pierri por haberme acompañado durante la instrucción y por su amistad. En los momentos más difíciles estuvieron a mi lado, me defendieron y me custodiaron”, expresó.

También dedicó palabras a quienes sostuvieron su entorno personal durante los años más duros del proceso:

“A mi compañera de vida, Ingrid Flessa; a mi mamá Marta y a mi papá Mario; a toda mi familia; a mi querido hijo Viggo; a mis amigos y a todos los que bancaron conmigo: muchas gracias. Sin ellos, atravesar este infierno habría sido imposible”.

Cuando la absolución no alcanza para reparar el daño

El caso vuelve a colocar en discusión uno de los problemas más delicados del sistema penal: la distancia que puede existir entre la presunción constitucional de inocencia y la condena anticipada que se desarrolla en medios, redes sociales y estructuras partidarias.

Una persona puede ser absuelta al finalizar el proceso y, sin embargo, haber perdido durante el camino su trabajo, su carrera política, sus vínculos, su prestigio y buena parte de su vida familiar.

En el caso de García, la acusación se mantuvo públicamente asociada a su nombre durante casi ocho años. La absolución dictada en Mercedes y su posterior confirmación por Casación modifican radicalmente ese escenario jurídico, aunque no alcancen por sí solas para reparar todo el perjuicio sufrido.

El dirigente insiste en que reconocer la existencia de denuncias infundadas no significa desproteger a las verdaderas víctimas ni desalentar la denuncia de hechos de violencia sexual.

“Hay que defender, escuchar y acompañar a las víctimas verdaderas. Pero también hay que impedir que una acusación falsa sea utilizada como un arma para destruir personas, familias y proyectos políticos. Una democracia no puede aceptar que primero se condene públicamente y recién ocho años después se mire la prueba”, afirmó.

El comienzo de otra batalla

La confirmación de la absolución cierra el capítulo central del proceso penal, pero abre otros interrogantes: quién responde por los daños producidos, qué responsabilidad tuvieron los actores que impulsaron una condena anticipada y si existieron estructuras o recursos políticos utilizados para amplificar la acusación.

García anticipa que buscará transformar su experiencia en una discusión pública y nacional sobre las consecuencias de las denuncias infundadas y sobre la necesidad de preservar simultáneamente los derechos de las víctimas y las garantías de las personas acusadas.

Su nombre quedó durante años unido a una denuncia. Desde julio de 2025 también está unido a una absolución libre y sin costas. Ahora, con la intervención de la Cámara de Casación Penal bonaerense, existe además una resolución superior que vuelve a respaldar su inocencia.

Ocho años después, la Justicia habló por segunda vez.

Marcelo García fue absuelto. Casación confirmó esa absolución. Y comienza ahora una nueva etapa: reconstruir lo que la acusación y la condena anticipada intentaron destruir.