Diego Richiuza, referente de SADOP La Plata, analizó la situación que atraviesan los docentes de establecimientos de gestión privada y puso el foco en los problemas salariales, los conflictos con los empleadores, las dificultades para realizar medidas de fuerza y las denuncias que afectan a trabajadores de la educación.

Uno de los casos más recientes se produjo en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata, donde los docentes fueron informados sobre un pago parcial de sus haberes. Según explicó Richiuza, el viernes pasado los trabajadores se enteraron de que solamente se había abonado el 30% del salario correspondiente.

A partir de la intervención sindical, la situación comenzó a destrabarse. “Al día de hoy la parte empleadora ya abonó el 75% del salario y estimamos que para mañana estarían completando el resto”, señaló. De todos modos, remarcó que el objetivo del gremio es que los trabajadores cobren sus salarios en tiempo y forma y no mediante pagos fragmentados.

Quién es el responsable de pagar los salarios

Richiuza explicó que existe una confusión frecuente respecto del funcionamiento de las escuelas privadas subvencionadas por el Estado bonaerense. Aclaró que, aunque la Provincia aporte recursos para financiar los salarios, el empleador continúa siendo la institución privada.

“La Provincia subvenciona a instituciones escolares de gestión privada, que pueden recibir un 40%, 60%, 80% o 100% de subvención para que el empleador pague el salario”, explicó.

En consecuencia, el Estado transfiere fondos destinados al pago de los haberes, pero la relación laboral se establece entre el docente y el empleador privado. Por ese motivo, ante un incumplimiento salarial, SADOP reclama directamente a la institución responsable de la contratación.

En los establecimientos que reciben el 100% de subvención, el Estado aporta el dinero correspondiente a los salarios contemplados, mientras que en aquellos que reciben porcentajes menores, el empleador debe cubrir con recursos propios la diferencia necesaria para garantizar el pago completo.

Richiuza también destacó que existe un mecanismo de control mediante las denominadas planillas mecanizadas, donde figuran los docentes y que permiten verificar que los fondos estatales destinados a salarios efectivamente hayan sido utilizados con ese fin.

Según estimó, en La Plata alrededor del 50% al 55% de las escuelas de gestión privada recibirían una subvención del 100%, mientras que otras instituciones cuentan con porcentajes inferiores y algunas no reciben asistencia estatal.

Salarios equiparados con la educación estatal

El dirigente de SADOP remarcó que los docentes de gestión privada deben tener como piso salarial el mismo nivel que los trabajadores de la educación estatal bonaerense.

“Como mínimo cobramos lo mismo que cobra el docente de la gestión estatal”, sostuvo, aunque aclaró que algunos empleadores privados pueden decidir pagar adicionales por encima de ese piso para retener a sus trabajadores.

En La Plata existen establecimientos que abonan montos superiores por la misma función y sin exigir tareas adicionales, aunque Richiuza aclaró que no se trata de una práctica generalizada.

Parar en una escuela privada es más difícil

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la participación de SADOP en los conflictos docentes. Richiuza sostuvo que el gremio realiza medidas de fuerza, pero reconoció que existen obstáculos particulares en la gestión privada.

“A diferencia de la gestión estatal, cuando abrimos la puerta del establecimiento está el empleador ahí sentado”, explicó.

Según el dirigente, los docentes pueden enfrentar descuentos salariales, presiones e incluso amenazas ante una medida de fuerza, lo que genera mayores dificultades para garantizar una adhesión masiva.

A esto se suma, señaló, el nuevo escenario derivado de la reforma laboral, que incorporó a la educación dentro de las actividades consideradas esenciales y establece condiciones específicas para las huelgas.

Richiuza sostuvo que esta situación obliga al sector a garantizar determinados niveles de asistencia y puede generar sanciones tanto para las organizaciones sindicales como para trabajadores y empleadores.

“Es una situación realmente inédita donde el derecho a huelga se ve vulnerado”, cuestionó.

Denuncias contra docentes y violencia en las escuelas

El referente de SADOP también se refirió al incremento de denuncias realizadas por familias contra docentes, muchas de las cuales, según afirmó, resultan infundadas.

“Nos están pasando muchas situaciones de denuncias de familias, de denuncias infundadas sobre la docencia”, sostuvo, y calificó estos episodios como hechos de violencia.

Richiuza aclaró que la problemática atraviesa tanto a escuelas estatales como privadas y que una denuncia puede generar una fuerte situación de angustia para el trabajador involucrado, especialmente cuando luego no existe una reparación adecuada.

En ese sentido, destacó la importancia del acta de resguardo y reparación vigente en el ámbito provincial, que el sindicato busca utilizar para proteger a los docentes frente a este tipo de situaciones.

“La escuela es una caja de resonancia de la sociedad”, planteó, al advertir que los niveles de violencia existentes fuera de las instituciones educativas también terminan repercutiendo dentro de ellas.

SADOP reclama una nueva paritaria docente nacional

Sobre el final de la entrevista, Richiuza cuestionó al Gobierno nacional por no reabrir la paritaria docente nacional y reclamó recuperar un mecanismo que, según explicó, históricamente funcionó como referencia para establecer un piso salarial en todo el país.

El dirigente sostuvo que el salario mínimo nacional docente quedó establecido en torno de los $500.000, cifra que permanece congelada y que, a su entender, profundizó las diferencias salariales entre las distintas provincias.

“Le seguimos reclamando al Gobierno nacional que comprenda la importancia de que el Estado se involucre concretamente en la educación”, afirmó.

Para SADOP, la ausencia de una política nacional de financiamiento educativo impacta tanto sobre los salarios como sobre las condiciones laborales de los docentes de gestión estatal y privada.

Richiuza cerró reivindicando el rol de la organización sindical y sostuvo que los derechos laborales “se defienden, se construyen, se constituyen y se conquistan”, al tiempo que destacó la necesidad de visibilizar las problemáticas específicas que atraviesan los trabajadores de la educación privada.