La discusión sobre el control y la registración de armas de fuego sumó un nuevo capítulo en Santa Fe luego de las declaraciones del Director Provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, quien planteó la necesidad de profundizar los controles vinculados con el acceso a las credenciales para la tenencia y portación.

La respuesta llegó desde la Asociación del Rifle Argentina (ARA). Su presidente, Daniel Castellani, cuestionó con dureza al funcionario santafesino y sostuvo que las políticas de mayor restricción pueden terminar afectando a quienes cumplen con los requisitos legales, sin necesariamente generar un impacto sobre quienes utilizan armas para cometer delitos.

“Funcionarios como Rolando Galfrascoli nos costaron 600.000 legítimos usuarios que no renovarán su credencial”, afirmó Castellani, en una crítica que apunta directamente al efecto que, según la entidad, tienen las medidas de endurecimiento sobre el universo de usuarios registrados.

El procedimiento que encendió la polémica

El conflicto se originó a partir de un procedimiento realizado luego de una denuncia por amenazas con armas de fuego. En el marco de la investigación, las autoridades solicitaron información al RENAR y constataron que en el domicilio intervenido figuraban registradas 12 armas.

La hipótesis judicial apuntaba a determinar si esos elementos podían estar vinculados con el alquiler o utilización de armas para la comisión de delitos.

Desde la ARA cuestionaron el tratamiento público del operativo y consideraron que el procedimiento podía terminar siendo utilizado para instalar una imagen negativa sobre los legítimos usuarios.

De todos modos, la entidad sostuvo que, si durante la investigación se acredita la comisión de un delito, los responsables deben afrontar las consecuencias correspondientes. El planteo central de la organización es que un caso particular no debería utilizarse como argumento para generalizar sobre todo el universo de personas que poseen armas de manera legal.

La discusión sobre los legítimos usuarios

Uno de los principales argumentos de la Asociación del Rifle Argentina apunta a diferenciar entre quienes cumplen con las exigencias legales para registrar y utilizar armas y quienes las emplean fuera del marco de la ley.

Desde la organización sostienen que las armas legalmente registradas no explican por sí mismas los niveles de criminalidad y homicidios, y remarcan que los delincuentes también utilizan otros elementos de circulación cotidiana, como automóviles o motocicletas, para cometer delitos.

En ese sentido, la ARA cuestionó que el debate sobre seguridad pueda concentrarse exclusivamente en incrementar las restricciones sobre los legítimos usuarios.

Críticas a la política de Santa Fe

Castellani también apuntó contra la orientación que, según la entidad, viene adoptando el Gobierno de Santa Fe en materia de armas.

La organización considera que existe una contradicción entre determinadas políticas impulsadas desde la provincia y el marco nacional respecto de la tenencia y portación de armas por parte de ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación.

La ARA reivindica particularmente el derecho de los legítimos usuarios a acceder a las correspondientes licencias y recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro cuenta con autorizaciones para tenencia y portación.

La entidad también destacó que la extensión de la vigencia de determinadas credenciales hasta cinco años fue, según su interpretación, resultado de reclamos sostenidos por el sector.

Una disputa que también mira a 2027

Más allá del aspecto estrictamente relacionado con la seguridad, la Asociación del Rifle Argentina introdujo una dimensión política en la discusión.

Castellani advirtió que las decisiones adoptadas en materia de armas pueden tener consecuencias electorales, especialmente de cara a 2027, y puso el foco en la cantidad de legítimos usuarios existentes en Santa Fe.

El argumento de la entidad es que cualquier política que afecte a este colectivo podría traducirse en pérdida de respaldo político para el oficialismo provincial.

La discusión, de esta manera, excede el caso puntual que originó la controversia y vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: cómo compatibilizar las políticas de prevención del delito con los derechos y obligaciones de quienes poseen armas dentro del marco legal.

Desde la ARA ratificaron que continuarán defendiendo los intereses de los legítimos usuarios y rechazaron cualquier intento de asociar automáticamente la tenencia legal de armas con la actividad delictiva.

“No podemos llamarnos al silencio”, sostuvo Castellani, al reivindicar la trayectoria de la organización en los reclamos vinculados con la tenencia y portación a nivel nacional.