Ricardo Babillón, secretario general del gremio de Judiciales de Mendoza, advirtió que los trabajadores atraviesan una situación salarial crítica y anunció el inicio de un plan de lucha para reclamar mejoras salariales y defender la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial.

En diálogo con este medio, Babillón aseguró que la Justicia mendocina atraviesa “tal vez su peor momento” y cuestionó la situación institucional de la provincia. Según planteó, existe una fuerte influencia del poder político sobre el sistema judicial, a lo que sumó cuestionamientos por designaciones de magistrados y funcionarios y por la falta de respuestas de la Corte provincial.

“El trabajador judicial tiene salarios por debajo de la línea de pobreza como nunca se había visto”, afirmó el dirigente.

Salarios cada vez más deteriorados

Babillón detalló que un trabajador que recién ingresa al Poder Judicial de Mendoza percibe actualmente alrededor de $800.000, mientras que un secretario de tribunal que comienza su carrera cobra aproximadamente $2 millones.

Para el dirigente, estos niveles salariales reflejan el deterioro que atraviesa la administración pública mendocina y sostuvo que la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con peores remuneraciones para sus trabajadores judiciales.

Ante este escenario, el gremio decidió no acordar la última instancia paritaria y resolvió avanzar con medidas de fuerza.

“Comenzamos un proceso de lucha bastante importante”, adelantó Babillón, quien aclaró que el reclamo no se limitará exclusivamente a la cuestión salarial, sino que también buscará defender el funcionamiento del Poder Judicial y las condiciones laborales de quienes trabajan en él.

Asambleas y movilización desde la próxima semana

El secretario general explicó que durante los próximos días el sindicato recorrerá juzgados y oficinas para mantener reuniones con los trabajadores.

A partir de la semana siguiente comenzarán las asambleas concentradas en el Palacio de Justicia, con la intención de trasladar allí a trabajadores de distintas dependencias y exigir respuestas a la Suprema Corte de Mendoza.

Las propias asambleas definirán, según explicó, cómo se profundizará el plan de lucha.

“Tenemos la esperanza y la convicción de que esto se va a transformar y va a cambiar”, sostuvo Babillón, quien además llamó a que las organizaciones sindicales comiencen a coordinar acciones frente al deterioro de las condiciones laborales.

El dirigente remarcó que actualmente existen conflictos y planes de lucha en distintas provincias y consideró que los trabajadores deben encontrarse en la calle para defender sus derechos.

Críticas al poder político y al funcionamiento judicial

Babillón cuestionó duramente la relación entre el poder político y la Justicia de Mendoza. En particular, apuntó contra el gobernador Alfredo Cornejo, a quien responsabilizó por una estructura de poder que, según su mirada, condiciona el funcionamiento institucional de la provincia.

El dirigente sostuvo que en Mendoza existe desde hace años una política de criminalización de las protestas y afirmó que la Justicia ha sido utilizada para avanzar contra personas que se manifiestan contra el Gobierno provincial.

En ese marco, trazó un paralelismo entre las políticas de Cornejo y las impulsadas por el presidente Javier Milei.

“Lo que Milei está haciendo en tres años es lo que Alfredo Cornejo hizo en doce”, afirmó, al cuestionar las políticas económicas y laborales del Gobierno nacional.

Babillón también expresó su preocupación por el impacto social de las actuales políticas económicas y sostuvo que la pobreza y la desigualdad profundizan una “grieta social” que será difícil de cerrar.

Denuncias sobre jueces y fiscales

Otro de los puntos planteados por el dirigente estuvo relacionado con el funcionamiento interno del Poder Judicial.

Babillón cuestionó la existencia de jueces y fiscales que, según denunció, acumulan cuestionamientos y, aun así, continúan avanzando dentro de la estructura judicial.

En particular, mencionó casos de funcionarios que habrían sido ascendidos pese a denuncias vinculadas con violencia de género.

Para el secretario general de Judiciales, esta situación genera un profundo malestar entre los trabajadores, quienes diariamente sostienen el funcionamiento de tribunales y oficinas mientras observan cuestionamientos sobre integrantes de los niveles superiores.

“Parece que estamos volviendo a la época del proceso, al caudillismo”, cuestionó.

Fuerte crítica al estado de OSEP

Babillón también se refirió a la situación de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), que brinda cobertura a los trabajadores estatales de Mendoza.

Según denunció, la obra social atraviesa una situación crítica y presenta serias dificultades para garantizar la atención médica.

“Uno no hay ningún odontólogo que atienda por OSEP, no hay ningún cardiólogo que atienda por OSEP, no hay un psiquiatra que atienda por OSEP”, afirmó.

El dirigente sostuvo que los trabajadores terminan recurriendo a los hospitales públicos ante la falta de profesionales que acepten atender a través de la obra social.

La situación, según Babillón, afecta a trabajadores provinciales, municipales y de distintos sectores de la administración pública mendocina.

Un reclamo que busca exceder lo salarial

Aunque el salario aparece como uno de los principales ejes del conflicto, el dirigente insistió en que el reclamo judicial pretende ser más amplio.

Explicó que quienes trabajan en tribunales asumen cotidianamente una fuerte responsabilidad frente a los problemas que atraviesa la sociedad y que, pese a las dificultades, continúan extendiendo sus jornadas para garantizar el funcionamiento del servicio de Justicia.

“Cuando las compañeras y los compañeros se quedan siempre después de horas trabajando, intentando darle solución a los problemas que aquejan a toda la gente, ven lo que pasa con el Poder Judicial”, señaló.

Por eso, el gremio buscará incorporar al debate cuestiones vinculadas con la institucionalidad, la independencia judicial y las condiciones en las que los trabajadores desempeñan sus tareas.

“No pretendemos solucionar todo en una primera etapa”

Babillón sostuvo que el objetivo del plan de lucha no es solamente confrontar con el Gobierno provincial, sino generar un proceso que permita abrir una instancia de diálogo.

“No pretendemos que nos solucionen todas las soluciones en una primera etapa. Pero sí fijar un camino, un horizonte”, explicó.

En ese sentido, aseguró que el sindicato está dispuesto a profundizar las medidas si no aparecen respuestas, pero remarcó que la prioridad es encontrar un canal de negociación que permita modificar la situación de los trabajadores judiciales.

Finalmente, llamó a superar las diferencias entre organizaciones sindicales y planteó la necesidad de construir acciones comunes.

“Ya no hay que hablar de estructuras u organizaciones. Hay que hablar de sindicatos que entienden que hay que transformar esta realidad”, sostuvo.

Para Babillón, el desafío será que los distintos gremios confluyan en la defensa de los derechos laborales y que esa coordinación permita fortalecer los reclamos frente al deterioro salarial y las condiciones de trabajo.