La ciudad de Río Tercero fue escenario de una masiva protesta impulsada por el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) en repudio a los más de 125 despidos en la planta de Petroquímica Río Tercero (PR3). La movilización, que congregó a trabajadores, organizaciones sociales y referentes gremiales, contó con el respaldo total de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) y de numerosos sindicatos de base de toda la provincia de Córdoba.

El sindicato denunció un verdadero “industricidio” en el polo químico local, con una paralización total de la planta, el desmantelamiento progresivo de la compañía y la suspensión del pago de indemnizaciones. Además, revelaron que la empresa ya solicitó concurso de acreedores, lo que agudiza la incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de trabajadores.

“Sin industria no hay Río Tercero”

En un duro comunicado, el SPIQyP advirtió que la industria petroquímica de la ciudad ya perdió más de 350 puestos de trabajo entre empleados directos e indirectos. A esto se suma —según denunciaron— una ola de precarización y rebaja salarial impulsada por las patronales del sector.

“La situación está destruyendo el entramado económico de la ciudad. Cierran comercios todos los días y hay despidos en todos los rubros. No es solo la planta, es toda Río Tercero la que está siendo arrasada”, expresaron desde el gremio.

Apoyo nacional y críticas a la gestión local

La CSIRA emitió un comunicado donde expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos y exigió la reincorporación inmediata del personal, además de respaldar la lucha de la F.E.S.T.I.Q.y.P.R.A., federación nacional del sector.

El sindicato local también dirigió duras críticas al intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, a quien acusaron de actuar con lógica “libertaria”, desoyendo los reclamos del sector y utilizando las fuerzas de seguridad para perseguir y reprimir a los trabajadores movilizados.

“El intendente pretende borrar de un plumazo nuestros convenios colectivos. Si sigue siendo cómplice de este vaciamiento, la ciudad perderá más de 10 mil millones de pesos al año en ingresos. Lo que está en juego es la supervivencia misma de Río Tercero”, sentenciaron.

Reclamo por una intervención urgente

Los trabajadores no solo resisten en las calles: reclaman una medida política concreta. Exigen al gobernador Martín Llaryora que avance con una intervención directa sobre la empresa, desplazando a quienes —según afirman— solo buscan “llenarse los bolsillos mientras estafan a toda la comunidad”.

“Estamos más unidos que nunca. No vamos a entregar ni un solo puesto de trabajo”, aseguraron desde el SPIQyP, dejando claro que la lucha no se detiene.

La protesta en Río Tercero no solo refleja un conflicto laboral. Es el síntoma de un modelo productivo en crisis, donde la falta de intervención estatal, el abandono de la industria nacional y la liberalización sin control amenazan con arrasar no solo fábricas, sino también ciudades enteras.