Mientras el país conmemoraba un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el Colegio de Abogados de La Plata vivía una jornada marcada por la polémica y la indignación. Según trascendió, el pasado 18 de julio de 2025 se produjeron nuevos despidos sin causa dentro de la institución, sumando más incertidumbre al clima ya enrarecido que atraviesa al organismo profesional.

Entre los desvinculados se encuentran un empleado del área de Casa de Campo y la propia gerenta general del Colegio. Ambos casos se suman a una serie de cesantías previas, que incluyen a un trabajador del área de informática y una empleada de contaduría. Los despidos, ejecutados en el marco de una supuesta "reestructuración interna", conllevan cuantiosas indemnizaciones, siendo el caso de la gerenta especialmente escandaloso: su salida implicaría el desembolso de 120 millones de pesos, según estimaciones internas.

La comunidad jurídica no tardó en reaccionar. Colegas y matriculados expresaron su preocupación por lo que consideran un uso irresponsable del dinero aportado por los profesionales del derecho, destinado ahora al pago de compensaciones por decisiones que no cuentan con un respaldo técnico ni administrativo claro.

En el centro de las críticas se encuentran la actual presidenta del Colegio, Marina Mongiardino, y su tesorera, Daniela Peluso, a quienes se acusa de llevar adelante una gestión errática y politizada. “La justificación es una reestructuración, pero los resultados son despidos sin causa, precarización laboral y gasto millonario en indemnizaciones”, cuestionan desde adentro.

Durante una reunión celebrada en el Aula Bustos, alrededor de las 14:00 horas, Mongiardino admitió ante empleados y representantes gremiales que la reestructuración “se encuentra momentáneamente frenada”, pero no descartó que se reanuden los despidos. La declaración generó fuerte malestar entre los trabajadores presentes.

Por su parte, delegados de UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) declararon el estado de alerta hasta nuevo aviso. Sin embargo, varios empleados consideran que la respuesta del gremio fue tibia ante la magnitud del conflicto.

Algunas voces internas sostienen que, lejos de una reestructuración genuina, lo que estaría ocurriendo es un proceso de reemplazo de personal técnico por nuevos empleados vinculados a sectores del kirchnerismo local, en un intento por copar políticamente el Colegio con militancia afín y devolver favores que no pudieron canalizarse a través de la Municipalidad de La Plata.

Mientras tanto, la oposición institucional brilla por su ausencia. “Estamos solos”, lamentan algunos profesionales que ven con tristeza cómo la entidad que nuclea a los abogados de la región se transforma en un bastión político, muy lejos de las necesidades reales de sus matriculados.