El Gobierno nacional confirmó que apelará la medida cautelar que suspendió la disolución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), decisión que fue dispuesta por la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín.

El fallo judicial, que tendrá vigencia durante seis meses, responde a una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y frena los efectos del DNU 462/2025, que impulsa una reestructuración profunda en organismos públicos, entre ellos el INTI, el INTA y el INPI.

La magistrada argumentó que el decreto pone en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores y la continuidad de funciones estratégicas del organismo. Según Forns, la intervención “afecta la autonomía técnica del INTI” y podría ocasionar “daños irreversibles” si se avanza antes de que se resuelva la cuestión de fondo.

Desde Casa Rosada anunciaron que recurrirán la decisión judicial, tal como lo hicieron semanas atrás en el caso similar que frenó la disolución de Vialidad Nacional, también a pedido de los gremios y con intervención de la misma jueza.

La disputa abre un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales del sector público, que vienen resistiendo la serie de decretos que buscan achicar el Estado y reformular organismos descentralizados.

Mientras tanto, los gremios celebran el fallo como un triunfo en defensa del empleo y de la función técnica del INTI, considerado un pilar en el desarrollo productivo y tecnológico del país. El escenario judicial promete escalar en las próximas semanas, en medio de un clima de creciente conflictividad laboral.