El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó durísimas críticas contra el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, luego de la difusión de un video que lo muestra ofreciendo favores políticos al activista estadounidense Tim Ballard, acusado de abuso, trata de personas y fraude.

El dirigente sindical no dudó en calificar al ministro como “nefasto” y pidió su renuncia inmediata, además de una investigación judicial. “Imagino que, además de hacerlo renunciar, lo van a investigar”, expresó Aguiar a través de sus redes sociales.

El video que generó la polémica muestra a Cúneo Libarona en una reunión informal con Ballard, a quien le ofrece contactos, respaldo institucional e incluso una ley a medida para mejorar su imagen pública. La grabación se viralizó rápidamente y encendió alarmas tanto en el arco político como en el sindicalismo.

“Lo conocemos muy bien”

Rodolfo Aguiar fue más allá y recordó el accionar del ministro desde su llegada al Gobierno de Javier Milei. “Este tipo lo sufrimos desde que asumió. No paró de maltratarnos, perseguirnos, hostigarnos y echarnos. Lo conocemos muy bien. Es nefasto. Nunca debió integrar un gobierno”, disparó el titular de ATE, quien ya había denunciado en otras oportunidades el vaciamiento de áreas del Estado y el destrato hacia trabajadores públicos.

Además, cuestionó el alineamiento del funcionario con intereses externos: “Ofrecer influencias y contactos a un exagente federal yanqui en un intento desesperado de ayudarlo a limpiar su imagen es inmoral e ilegal. Basta de entrega y sumisión a Estados Unidos”.

El Gobierno, en silencio

Pese a la gravedad del escándalo, el Ejecutivo nacional aún no emitió declaraciones oficiales ni tomó medidas concretas respecto a la situación del ministro. Tampoco hubo pronunciamientos públicos de parte del presidente Javier Milei, quien continúa respaldando a Cúneo Libarona pese al creciente repudio.

El caso generó incluso un pedido de juicio político en el Congreso, impulsado por legisladores de la oposición, que denuncian tráfico de influencias y uso indebido de funciones públicas.

Mientras tanto, en el sindicalismo y en sectores del ámbito judicial crece la presión para que el ministro dé un paso al costado. El escándalo no solo daña la imagen del Gobierno, sino que también reaviva la tensión con los trabajadores estatales, quienes denuncian una persecución constante desde el inicio de la actual gestión.