Un desproporcionado operativo policial y judicial terminó confirmando lo evidente: el menor entrenaba y tenía elementos propios de la disciplina deportiva que practicaba. Móviles, efectivos, horas de trabajo y dinero público para montar una escena digna de “División Palermo”, mientras las verdaderas mafias continúan intactas y los ciudadanos correctos engrosan estadísticas oficiales.

La Justicia autorizó el procedimiento después de reunir pruebas contundentes: el chico entrenaba, competía, tenía indumentaria deportiva y, en una actitud difícil de explicar, guardaba sus cosas en su propia casa

En una jornada que quedará grabada para siempre en la historia de la investigación criminal argentina, una comisión policial, respaldada por una orden judicial y por un despliegue digno de capturar a un jefe narco internacional, allanó la vivienda de un menor de edad dedicado al deporte y encontró en su interior una serie de elementos directamente vinculados con la actividad deportiva que realizaba.

El operativo permitió confirmar la hipótesis más temida por los investigadores: el joven deportista poseía elementos deportivos.

La revelación causó conmoción en las fuerzas de seguridad, en los tribunales y en la comunidad internacional, que hasta el momento desconocía que los deportistas pudieran conservar en sus domicilios los instrumentos que utilizan para entrenar.

“Jamás imaginamos encontrar algo así”, habría reconocido uno de los agentes, mientras observaba con preocupación una prenda deportiva, un bolso de entrenamiento y distintos objetos que, según los primeros peritajes, podrían haber sido utilizados para practicar exactamente el deporte que el menor practicaba públicamente.

La operación fue presentada como el resultado de una compleja tarea de inteligencia, aunque algunos testigos aseguran que la investigación habría consistido en descubrir que el chico era deportista y luego sorprenderse al verificar que tenía pertenencias de deportista.

DIVISIÓN PALERMO, PERO SIN EL CHISTE

La escena habría sido rechazada por los guionistas de División Palermo por considerarla demasiado inverosímil.

Incluso los personajes de la brigada inclusiva, conocidos por su capacidad para convertir cada procedimiento en una combinación de buenas intenciones, torpezas operativas y catástrofe administrativa, habrían pedido mayor seriedad.

Felipe Rozenfeld, al enterarse de que un grupo de adultos armados, con móviles, chalecos, funcionarios y respaldo judicial había irrumpido en la vivienda de un menor para descubrir objetos lícitos vinculados con su deporte, habría preguntado si no era más sencillo llamarlo por teléfono.

Sofía Vega, aplicando uno de los procedimientos investigativos más sofisticados conocidos por la humanidad, probablemente habría sugerido verificar primero si el joven se encontraba inscripto, federado, habilitado o reconocido como deportista.

Pero la realidad institucional argentina, siempre dispuesta a superar a la ficción, habría rechazado semejante extravagancia.

Verificar antes de allanar puede sentar un precedente peligroso.

Podría obligar a pensar.

Y pensar, en algunas dependencias, todavía no figura entre los requisitos operativos.

LA JUSTICIA, ESA GRAN FÁBRICA DE ÓRDENES CON FIRMA

El procedimiento no habría sido posible sin la imprescindible participación de la Justicia, que volvió a demostrar que una firma judicial puede transformar cualquier sospecha absurda en un acto solemne del Estado.

Porque una cosa es que un policía crea que un menor deportista es sospechoso por tener elementos deportivos.

Otra muy distinta es que un funcionario judicial lea esa sospecha, la selle, la firme y autorice que varias personas ingresen por la fuerza a una vivienda.

En ese momento, la torpeza deja de ser individual y adquiere rango institucional.

La orden judicial habría sido concedida luego de analizar una serie de indicios de extrema gravedad:

el menor practicaba un deporte;

tenía elementos propios de ese deporte;

frecuentaba lugares donde se practicaba ese deporte;

conocía a otras personas que también practicaban ese deporte;

y, como si todo eso fuera poco, utilizaba esos elementos para entrenar.

La Justicia consideró que semejante acumulación de coincidencias justificaba actuar con urgencia, antes de que el joven pudiera cometer el acto irreparable de presentarse a una nueva competencia.

Fuentes tribunalicias explicaron que no había tiempo para solicitar informes, consultar registros, verificar habilitaciones, hablar con entrenadores o confirmar la naturaleza de los objetos.

Todo eso podría haber revelado demasiado pronto que no había delito.

Y una investigación sin delito es una verdadera tragedia administrativa.

UN MENOR, PERO CON ESTADÍSTICAS DE ADULTO

El hecho de que el involucrado fuera menor de edad no habría reducido el entusiasmo operativo.

Por el contrario, habría aumentado la importancia del procedimiento.

Un adulto puede defenderse, contratar profesionales, cuestionar públicamente el accionar estatal y comprender parcialmente el absurdo.

Un menor, en cambio, reúne condiciones inmejorables para una intervención desproporcionada: es vulnerable, se asusta, no entiende por qué entran desconocidos armados a su casa y puede ser convertido con facilidad en una cifra dentro de un informe.

La estadística no distingue entre narcotraficantes, delincuentes organizados y adolescentes que practican deportes.

Todos sirven para completar casilleros.

Lo importante es que exista un procedimiento, un acta, objetos secuestrados, fotografías oficiales y un comunicado redactado con expresiones como “importante operativo”, “resultado positivo” y “elementos de interés para la causa”.

Después puede resultar que los elementos fueran legales, que pertenecieran al deporte practicado, que el menor estuviera correctamente registrado y que la investigación no tuviera sustento.

Pero para entonces, la estadística ya habrá sido confeccionada.

Y una estadística estatal jamás debe ser perturbada por la realidad.

EL COSTO DE LA OPERACIÓN CONTRA EL DEPORTE JUVENIL

Para descubrir que el menor tenía en su casa objetos vinculados con su actividad deportiva fue necesario movilizar recursos humanos, móviles, combustible, personal policial, funcionarios judiciales, horas administrativas, comunicaciones, actas, peritajes, depósitos y toda una cadena de empleados públicos dedicados a confirmar lo que podía comprobarse con una consulta elemental.

El gasto fue tan innecesario como impresionante.

Un verdadero monumento presupuestario a la ausencia de criterio.

Mientras comisarías enteras denuncian falta de combustible, móviles rotos, personal insuficiente y recursos limitados, el Estado encontró fondos, tiempo y entusiasmo para desplegarse contra un chico que hacía deporte.

Las verdaderas organizaciones criminales pueden permanecer tranquilas.

Saben que mientras la Policía esté ocupada identificando bolsos, ropa deportiva y elementos de entrenamiento, habrá menos efectivos disponibles para investigar narcotráfico, extorsiones, corrupción, trata, robos organizados y protección institucional.

La seguridad pública encontró finalmente su prioridad: evitar que los menores deportistas tengan cosas de deportistas.

LOCademia DE POLICÍA, CON JUEZ DE GARANTÍAS

La operación recordó inevitablemente a la antigua Locademia de Policía, aunque con una diferencia esencial: en la película, los incompetentes provocaban desastres para hacer reír; aquí los provocan con facultades legales, armas reglamentarias y fondos públicos.

En Locademia, el capitán Harris podía obsesionarse con cualquier estupidez, organizar un operativo absurdo y terminar humillado por su propia ineptitud.

En la versión institucional argentina, Harris consigue un expediente, un sello judicial y una partida presupuestaria.

Después ofrece una conferencia.

El comandante Lassard, famoso por deambular por la película sin comprender del todo lo que sucedía a su alrededor, habría sido considerado sobrecalificado para ciertas áreas de la investigación.

Al menos Lassard tenía la dignidad de parecer confundido.

Aquí, en cambio, la confusión se presenta como eficacia.

EL SERVICIO DE INTELIGENCIA DEL AGENTE 86

El procedimiento también contó con métodos dignos del Agente 86, el legendario Maxwell Smart, capaz de ingresar a un edificio secreto por veinte puertas automáticas y después revelar información confidencial desde un teléfono oculto en el zapato.

La diferencia es que Maxwell Smart, pese a su ineptitud, solía terminar encontrando a KAOS.

En este caso, el servicio de inteligencia local encontró a un menor que entrenaba.

De haber intervenido el Agente 86, probablemente habría solicitado hablar con el deportista utilizando el zapatófono, habría tropezado con el bolso de entrenamiento y, luego de quince minutos, habría concluido:

“Jefe, creo que este chico practica un deporte”.

La superioridad habría respondido:

“Excelente trabajo, 86. Solicite inmediatamente una orden de allanamiento”.

EL OLFATO POLICIAL QUE CONFUNDE UNA CANCHA CON UNA CUEVA DEL CRIMEN

Durante años se habló del “olfato policial” como una capacidad intuitiva para detectar situaciones irregulares.

En este caso, el olfato habría sufrido una congestión severa.

No pudo distinguir entre la preparación deportiva y una conducta criminal.

No pudo advertir que un menor dedicado públicamente a una disciplina podía tener objetos propios de esa disciplina.

No pudo interpretar documentación, contexto, antecedentes ni explicaciones.

Pero sí pudo detectar algo fundamental: una oportunidad para hacer un procedimiento.

El poco olfato policial se compensa con mucho despliegue.

Cuando faltan argumentos, aparecen móviles.

Cuando faltan pruebas, aparecen chalecos.

Cuando falta inteligencia, aparecen fotografías.

Y cuando todo termina mal, aparece la frase institucional preferida:

“Se actuó conforme al protocolo”.

El protocolo, aparentemente, establece que primero se allana y después se averigua.

LA JUSTICIA NO VE, PERO FIRMA

La responsabilidad no puede depositarse solamente en los agentes que ejecutaron la medida.

Alguien solicitó el allanamiento.

Alguien describió los hechos como sospechosos.

Alguien consideró que había motivos suficientes.

Alguien autorizó la invasión de un domicilio donde vivía un menor.

Alguien decidió que los derechos, la intimidad y la tranquilidad de una familia podían sacrificarse sobre la base de una hipótesis que un simple control documental habría desarmado.

La Justicia argentina suele presentarse como lenta cuando debe investigar estructuras poderosas, pero demuestra una velocidad admirable cuando se trata de avanzar sobre ciudadanos comunes.

Para investigar mafias hacen falta años, exhortos, recursos, protección de testigos y voluntad política.

Para allanar a un menor deportista alcanza con una sospecha redactada con tono serio.

La burocracia judicial posee esa extraordinaria capacidad: convertir una ridiculez en una medida legal mediante el uso de sellos, firmas y lenguaje técnico.

Donde una persona normal leería “el chico practica un deporte”, un expediente puede traducir “existirían elementos compatibles con una actividad que deberá ser objeto de profundización investigativa”.

Y así, mediante una adecuada selección de palabras, una pelota puede transformarse en evidencia, un bolso en indicio y un adolescente en objetivo operativo.

CIUDADANOS CORRECTOS: EL ENEMIGO IDEAL

Los ciudadanos correctos son especialmente útiles para las estadísticas de seguridad.

Tienen domicilio.

Atienden la puerta.

No suelen estar armados.

No cuentan con redes de protección.

No pagan coimas.

No tienen informantes dentro de la fuerza.

No reciben llamados previos avisándoles que serán allanados.

Y, sobre todo, pueden ser localizados.

Las verdaderas mafias presentan dificultades operativas adicionales.

Cambian domicilios, cuentan con dinero, contactos, abogados, funcionarios, policías corruptos y una curiosa capacidad para enterarse de los procedimientos antes de que ocurran.

Por eso resulta mucho más práctico investigar a una persona que figura en registros públicos, practica una actividad visible y conserva documentación.

El ciudadano correcto ofrece una tasa de éxito extraordinaria: siempre está donde dijo que estaba.

Después podrá probar que no cometió ningún delito.

Pero para la fotografía inicial eso no importa.

LA MAQUINARIA DE SIMULAR EFICIENCIA

La gran tragedia institucional no es solamente que el procedimiento haya sido absurdo.

Es que el sistema necesita que estos procedimientos existan.

Necesita mostrar actividad.

Necesita anunciar resultados.

Necesita justificar presupuestos.

Necesita producir expedientes.

Necesita alimentar estadísticas.

Y, cuando no puede llegar a las verdaderas mafias, encuentra ciudadanos sobre los cuales simular eficacia.

El menor deportista se convierte así en una víctima funcional.

No porque exista prueba seria en su contra, sino porque su vulnerabilidad permite que la maquinaria se mueva sin riesgos.

La Policía muestra un operativo.

La Justicia exhibe una investigación.

La fiscalía agrega actuaciones.

Los organismos producen informes.

Los medios reciben un comunicado.

Y el sistema celebra haber trabajado.

Solamente queda afuera de la celebración la familia allanada.

NUEVOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tras el éxito del procedimiento, no se descarta que la misma división avance sobre otros casos de extrema peligrosidad social.

Entre las próximas medidas podrían incluirse:

allanamientos a tenistas sospechados de tener raquetas;

procedimientos contra futbolistas que posean botines;

secuestro de bicicletas en domicilios de ciclistas;

investigaciones a músicos que oculten instrumentos;

operativos contra estudiantes hallados con libros;

y requisas a cocineros que conserven cuchillos en sus cocinas.

También se evalúa investigar a médicos que tengan estetoscopios, fotógrafos que posean cámaras y carpinteros que guarden herramientas.

La hipótesis general sería que toda persona que tenga elementos relacionados con su profesión o actividad podría estar involucrada en algo.

Todavía no se determinó en qué.

Pero ya se solicitaron órdenes.

EL GRAN TRIUNFO CONTRA LA NADA

Al cierre de esta edición, las autoridades continuaban analizando los objetos incautados para determinar si efectivamente se trataba de elementos deportivos utilizados por un deportista.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, excepto la más evidente.

El menor, entretanto, deberá cargar con el miedo, la exposición, la estigmatización y el impacto psicológico de haber visto ingresar al Estado en su casa como si fuera un delincuente peligroso.

La Policía podrá decir que cumplió una orden.

La Justicia podrá decir que actuó sobre la base de una solicitud.

La fiscalía podrá decir que investiga.

Cada organismo tendrá una explicación.

Nadie tendrá responsabilidad.

Ese es el verdadero milagro institucional argentino: todos participan del error, pero el error siempre aparece solo.

El procedimiento quedará finalmente incorporado a las estadísticas como una nueva muestra del combate contra el delito.

No se habrá desarticulado una mafia.

No se habrá descubierto una organización.

No se habrá protegido a la sociedad.

Pero se habrá allanado a un menor.

Y, en ciertos balances oficiales, un menor correctamente allanado vale mucho más que una mafia incorrectamente investigada.

DIVISIÓN PALERMO EN LA FICCIÓN; DIVISIÓN DEL SENTIDO COMÚN EN LA REALIDAD

La ficción de División Palermo utilizó la incompetencia institucional para hacer humor.

La realidad decidió utilizarla como política pública.

En la serie, los personajes se equivocan, se contradicen y generan situaciones absurdas porque forman parte de una comedia.

En la vida real, quienes se equivocan pueden portar armas, solicitar allanamientos, firmar resoluciones y alterar para siempre la vida de un menor.

Por eso ya no causa gracia.

Causa vergüenza.

Vergüenza policial por la falta de criterio.

Vergüenza judicial por la falta de control.

Vergüenza fiscal por la ausencia de una investigación seria.

Vergüenza estatal por el gasto inútil.

Y vergüenza institucional por utilizar ciudadanos correctos para decorar estadísticas mientras las verdaderas mafias continúan funcionando, recaudando y comprando impunidad.

La conclusión del operativo fue categórica:

el menor era deportista;

los elementos eran deportivos;

la actividad era conocida;

y el Estado gastó una fortuna para descubrirlo.

Caso cerrado.

Presupuesto ejecutado.

Estadística cumplida.

Mafia intacta.