La CGT se sumará a la movilización contra el proyecto que modifica la Ley de Tierras y habilitaría una mayor participación extranjera
Política gremial Viernes 31 de Julio de 2026
La central obrera confirmó que acompañará la protesta convocada para el 6 de agosto frente al Congreso. También participarán las dos CTA, organizaciones sociales, entidades vinculadas a la defensa del territorio y otros sectores que rechazan la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que participará de la movilización prevista para el próximo 6 de agosto frente al Congreso Nacional, donde distintas organizaciones expresarán su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el Gobierno que, según sus detractores, flexibiliza el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y facilitaría la adquisición de grandes extensiones por parte de capitales extranjeros.
Con la adhesión de la central obrera, la convocatoria suma un nuevo actor al amplio frente integrado por las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda, colectivos ambientalistas y entidades que impulsan la campaña "Argentina no se vende".
Una nueva protesta contra las políticas del Gobierno
La movilización coincidirá con la sesión en la que el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del proyecto, cuyo debate ya fue postergado en varias oportunidades por falta de consensos parlamentarios.
Fuentes de la conducción cegetista confirmaron que la central acompañará la protesta como parte del plan de acciones definido para el segundo semestre del año, en el marco de su estrategia de oposición a las políticas económicas y sociales del gobierno del presidente Javier Milei.
La participación en la protesta se suma a otras actividades impulsadas recientemente por la CGT, entre ellas la movilización junto a organizaciones de jubilados frente al Congreso y la adhesión a la tradicional peregrinación de San Cayetano, prevista para el 7 de agosto.
Una semana de actividades en defensa de la tierra
La manifestación del 6 de agosto será el cierre de una serie de actividades organizadas por la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda.
Durante los días previos se desarrollarán radios abiertas, banderazos, charlas públicas, recolección de firmas y distintas acciones de difusión bajo la consigna "Argentina no se vende". Como antesala, los organizadores convocaron a un banderazo para el 1° de agosto en el Obelisco porteño.
Qué propone el proyecto oficial
La iniciativa legislativa impulsada por el Ejecutivo introduce modificaciones en distintas normas vinculadas al régimen de propiedad privada.
Entre otros puntos, modifica el sistema de expropiaciones, acelera los procesos judiciales de desalojo, introduce cambios en la legislación sobre manejo del fuego y reforma la Ley de Tierras Rurales N.º 26.737, sancionada en 2011.
Este último capítulo es el que concentra las principales críticas de organizaciones sociales, sindicales y ambientales. Según los sectores opositores al proyecto, los cambios reducirían las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras, mientras que el Gobierno sostiene que la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica y fomentar inversiones.
Rechazo de organizaciones sociales y religiosas
La convocatoria también recibió el respaldo de diversos sectores de la sociedad civil. Entre ellos, instituciones religiosas y organizaciones vinculadas al trabajo territorial difundieron documentos en los que expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de la reforma sobre la soberanía, el acceso a la tierra y el uso de los recursos naturales.
De esta manera, el debate sobre la modificación del régimen de tierras se perfila como uno de los principales focos de conflicto político y social de las próximas semanas, con una amplia movilización prevista para el mismo día en que el Congreso volverá a discutir el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.














