Las denuncias y sospechas contra el secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Remis y Autos al Instante de la Provincia de Buenos Aires (SURyA), Alejandro Poli, se estarían sumando y podrían afectarlo en su participación en la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT) que lidera Omar Maturano, titular de La Fraternidad.

Poli llevaría años en el sindicalismo. Habría comenzado militando en el peronismo, pero con la aparición de Mauricio Macri, se habría alineado en Juntos por el Cambio. El fracaso de la gestión lo habría llevado a un nuevo salto político y podría haber expresado su respaldo a Alberto Fernández. Con la derrota de Unión por la Patria y Sergio Massa, habría reflotado sus vínculos con el PRO y tendería puentes con los libertarios.

En el plano sindical, habría sido partícipe de distintos sectores, pero habría ganado protagonismo gracias al padrinazgo de Gerónimo “Momo” Venegas, fallecido secretario General de los peones rurales (UATRE), quien le habría dado un lugar en las 62 Organizaciones Peronistas que entonces presidía, y podría haberlo sentado con Mauricio Macri y su entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca. De esta etapa datarían sus viajes a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En esa época, Poli habría buscado expandir su zona de influencia gremial, pero habría chocado con denuncias de otros sindicalistas. En una de esas acusaciones, el fallecido juez federal Claudio Bonadio podría haber detectado irregularidades en la expansión del SURyA y procesado al entonces titular del gremio, José Rómulo Garay (hombre de confianza de Poli), por la incorporación de unos 400 afiliados con DNI falsos y sin aval sobre un total de 585 afiliados registrados.

Fuentes judiciales habrían relatado que “Bonadio habría llamado a declarar a los afiliados, cuando habría computado 379 declaraciones, solo uno habría reconocido haber firmado el padrón. El magistrado habría dispuesto el procesamiento de Garay, quien además habría sido embargado hasta cubrir 500.000 pesos. Poli se habría desentendido del caso y habría acusado a Garay, indicando que “fue su gestión antes de que yo asuma la conducción del sindicato”.

La denuncia contra el SURyA habría sido llevada adelante por el secretario General de la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises (UCAIRRA), Raúl Alcides Albil, quien también podría haber tenido una causa judicial por irregularidades en los padrones y en el proceso eleccionario del sindicato, aunque se le habría dictado la falta de mérito, que habría sido concedida el 17 de febrero de 2016 por los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. En el entorno de Triaca temerían que las acusaciones se amplíen y lo salpiquen.

La acusación de Albil vendría de la mano de la acumulación de poder de Poli, ya que habría sido nombrado como “delegado normalizador” de la obra social de la UCAIRRA, en un hecho llamativo, dado que podría ser interventor de la obra social que compite con el gremio que él conduce. Y justamente también podría estar en la mira la Obra Social de Conductores de Remises, Autos al Instante y Afines (OSCRAIA) por el manejo de fondos liquidados por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Paralelamente, se sumaría que, con la base de su sindicato (con zona de acción prácticamente limitada al partido de Quilmes), Poli habría solicitado la creación de la Federación de Remiseros (FAREM), personería que habría sido otorgada por Triaca como uno de sus últimos actos como jefe de la cartera laboral. Para dar nacimiento a la Federación, se necesitaría la representación de gremios de diferentes localidades. En principio, habrían adherido organizaciones de Córdoba y Santa Fe, que rápidamente se habrían retirado; en tanto que podrían haber aparecido dos remiseras de Mar del Plata (PASOCAR y REMICOOP), que en realidad serían cooperativas.

Por esta cuestión, se habría abierto una causa penal en el juzgado de Daniel Rafecas por falsificación de documento público. Sucede que Poli insistiría en avanzar con la Federación, pero se le sumarían denuncias como la del dirigente platense Javier Scaramutti, quien habría sido tesorero, habría retirado a su gremio e impugnado la última asamblea ordinaria. Voceros judiciales habrían indicado que Rafecas ya se habría hecho del expediente que tramitó Bonadio y citaría a indagatoria a Poli. El interrogante sería si el juez avanzaría y decidiría quitarle la personería gremial del sindicato al corroborar la irregularidad de los afiliados y la falsificación de documento público.