El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM), Hugo Moyano, apuntó con dureza contra YPF por una serie de decisiones que, según advirtió, están provocando una fuerte pérdida de empleo, el avance de la informalidad laboral y graves consecuencias ambientales en distintas provincias petroleras. Ante este escenario, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.

Las críticas fueron plasmadas en una nota elevada al directorio de la petrolera estatal, donde Moyano expresó su preocupación por un proceso que —a su entender— combina despidos masivos, abandono de yacimientos convencionales y un esquema de transporte que elude controles básicos de seguridad y laborales.

El dirigente camionero puso el foco en el cierre de operaciones en campos maduros y aseguró que la empresa dejó sin remediación decenas de pozos en provincias como Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza, Salta, Neuquén y Río Negro. Según la denuncia sindical, el pasivo ambiental generado tendría una magnitud equivalente al valor de mercado de la propia compañía.

En el plano laboral, Moyano sostuvo que el repliegue de YPF hacia Vaca Muerta derivó en la destrucción de miles de puestos de trabajo y afectó de manera directa a las economías regionales. Estimó que más de 20.000 trabajadores perdieron su empleo como consecuencia de despidos indirectos y de la concentración de la actividad en el yacimiento no convencional.

Otro de los ejes del reclamo apunta a presuntas maniobras de evasión laboral e impositiva. Para el titular de Camioneros, la petrolera estaría avalando esquemas que reducen aportes al sistema de seguridad social, pese a tratarse de una empresa con mayoría accionaria estatal.

Como respaldo de estas acusaciones, el gremio citó inspecciones realizadas a fines de 2025 en Añelo, corazón operativo de Vaca Muerta. Allí, según los relevamientos sindicales, se detectaron irregularidades en unos 500 camiones que ingresaban diariamente a la zona, entre ellas subregistración de kilómetros, choferes sin registrar y distintas formas de fraude laboral.

Moyano también cuestionó una reciente modificación en las tarifas del transporte vinculadas a YPF, al considerar que la nueva estructura de costos no respeta el convenio colectivo 40/89. Desde la óptica sindical, la medida encubre una reforma laboral de hecho, al eliminar la “última milla” y permitir que trabajadores de larga distancia ingresen directamente a los pozos, desplazando a choferes petroleros locales y reduciendo estándares de seguridad.

En la misma línea, el dirigente denunció un trato desigual en los controles del transporte de combustibles. Mientras a los camiones identificados como de bandera se les exigen requisitos estrictos, proliferan —según afirmó— los llamados “camiones blancos”, que operan bajo modalidad FOB sin controles adecuados, a pesar de trasladar productos de la misma empresa.

Ante este panorama, la Federación de Camioneros presentó denuncias formales y reclamó la preservación de los puestos de trabajo, el respeto del convenio colectivo vigente y el cumplimiento integral de las normas laborales y de seguridad. Moyano advirtió que, si no hay respuestas inmediatas, recurrirán a la Secretaría de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y otros organismos de control.

Finalmente, el líder sindical confirmó que el gremio se mantiene en alerta y no descartó la adopción de medidas de fuerza, al considerar que la situación actual “afecta de manera grave a los trabajadores y pone en riesgo la seguridad y el ambiente”.