Los sindicatos estatales tomaron la delantera en la resistencia contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y resolvieron convocar a un Paro General con movilización el mismo día en que el proyecto sea tratado en el Senado. Además, evalúan anticipar medidas de fuerza en distintas provincias durante los primeros días de febrero, especialmente en aquellas cuyos gobernadores respalden la iniciativa del oficialismo.

La definición surgió del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE, tras una extensa reunión realizada en el Hotel Héctor Quagliaro. Allí, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, planteó que la huelga general es una herramienta indispensable, pero advirtió que no puede ser una acción aislada. “Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience antes, salir a la calle previo al debate en el Senado y hacer sentir el rigor de los trabajadores”, afirmó.

En ese sentido, Aguiar sostuvo que el foco de la protesta no debe limitarse al Gobierno nacional, sino que también debe alcanzar a los mandatarios provinciales. “Los gobernadores que decidan ser funcionales a Milei tienen que saber que esa decisión va a tener un costo. No pueden negociar derechos laborales y vender a los trabajadores por dos pesos”, expresó el dirigente.

El titular de ATE también apuntó contra el rol de las provincias en el armado político del oficialismo. Según indicó, las gestiones que viene realizando el ministro del Interior, Diego Santilli, con distintos gobernadores evidencian que el Ejecutivo depende del respaldo territorial para avanzar con la reforma. “Sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por eso hay que colocarlos entre los principales responsables de una ley que nos hace retroceder más de cien años en materia de derechos”, remarcó.

Para Aguiar, el proyecto apunta a debilitar de manera extrema la protección de los trabajadores y a fortalecer el poder de los empleadores. “Pretenden quitar derechos, precarizar aún más el empleo y consolidar un esquema que no puede terminar bien”, advirtió. Y agregó: “Frente a este escenario, no podemos ser espectadores pasivos. Defender la Constitución y los derechos laborales es una obligación”.

En la reunión participaron, además de ATE, sindicatos de los sectores judicial, sanitario, vial, energético, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios. También estuvieron presentes jubilados, abogados laboralistas, ex jueces del fuero laboral y académicos.

Desde el espacio sindical remarcaron que, a contramano de lo que sostiene el Gobierno, la reforma laboral sí impacta de lleno en el sector público. Señalaron que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que el proyecto busca modificar, entre ellos PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, la DGI, Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, ACUMAR, el Hospital Garrahan, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.

Asimismo, advirtieron que el cambio en la presunción del vínculo laboral para los monotributistas podría profundizar el fraude laboral tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios. A esto se suma la modificación del artículo 79 del proyecto, que altera la Ley 18.345 y traslada los conflictos laborales que involucren al Estado nacional desde la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo, una medida que los gremios consideran un retroceso en el acceso a la justicia para los trabajadores.

Con estas definiciones, los sindicatos estatales buscan marcar el rumbo de la protesta y presionar para que el rechazo a la reforma laboral se traduzca en un plan de lucha sostenido y de alcance federal.