El poder adquisitivo de los docentes universitarios atraviesa su peor momento en al menos dos décadas. Desde la asunción de Javier Milei, los salarios del sector sufrieron un deterioro acelerado que, acumulado, equivale a la pérdida de alrededor de siete sueldos completos. Así lo reflejan informes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y estimaciones de las principales organizaciones gremiales del sistema universitario.

De acuerdo con los datos relevados, entre fines de 2023 y 2025 la caída del salario real alcanza el 40,5%. En términos concretos, un docente con dedicación simple —unas diez horas semanales— dejó de percibir más de 1,6 millones de pesos en ese período, mientras que un titular de cátedra resignó cerca de 2,9 millones de pesos. El retroceso salarial se explica por la combinación de paritarias demoradas, incrementos por debajo de la inflación y la ausencia de mecanismos automáticos de actualización.

Un derrumbe sostenido del ingreso real

El deterioro no fue un hecho aislado, sino una tendencia persistente. Según el IARAF, en 2024 los salarios universitarios ya habían perdido un 9,9% frente a la inflación, caída que se profundizó en 2025 con un nuevo retroceso del 12,7%. La suma de ambos años consolidó un proceso de empobrecimiento que impacta de lleno en la vida cotidiana de los docentes y en el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde los gremios señalan que la situación se agravó tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con el objetivo de recomponer salarios y garantizar una actualización periódica del presupuesto. La norma contemplaba ajustes bimestrales y una recomposición retroactiva, pero fue rechazada por el Ejecutivo bajo el argumento de preservar el objetivo del “déficit cero”.

Educación, un frente de conflicto permanente

La crisis salarial se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario. La falta de respuestas oficiales al reclamo docente derivó en movilizaciones, medidas de fuerza y un clima de creciente incertidumbre dentro de las casas de estudio.

Las estimaciones gremiales coinciden en que los docentes universitarios se encuentran entre los trabajadores estatales más perjudicados por el ajuste. Conadu, Conadu Histórica y Fedun calculan una pérdida real de entre el 35% y el 40% desde el inicio de la actual gestión. Traducido a la vida diaria, el recorte equivale a haber trabajado siete meses sin percibir ingresos reales.

Salarios actuales y pluriempleo

Tras las paritarias de fines de 2025, un docente universitario con dedicación simple percibe un salario bruto que va desde los $231.721 para un ayudante hasta los $414.024 para un titular, con valores que varían según antigüedad, formación y universidad. En términos netos, un adjunto ronda los $267.000 y un titular los $343.000. La mayoría de los docentes —alrededor del 80%— se desempeña bajo esta modalidad de dedicación simple.

La insuficiencia de estos ingresos explica por qué un alto porcentaje del plantel docente complementa su salario con otros trabajos, en algunos casos hasta un 65%, según estudios universitarios. La docencia, así, deja de ser una actividad exclusiva y se convierte en una tarea sostenida a fuerza de pluriempleo.

Un horizonte incierto

Los cálculos indican que, para recuperar el poder adquisitivo vigente a fines de 2023, sería necesaria una recomposición salarial de entre el 50% y el 58%. Sin embargo, con la actual orientación económica del Gobierno y la negativa a restituir una ley de financiamiento específico, ese escenario aparece lejano.

Mientras tanto, el ajuste sobre las universidades públicas sigue profundizando un conflicto que trasciende lo salarial y vuelve a colocar a la educación superior en el centro del debate político y social.