El máximo tribunal cuestionó a la Cámara Nacional del Trabajo por haber incrementado de oficio una reparación a cargo de una ART, pese a que el trabajador no había apelado el monto. Para la Corte, la decisión violó los límites de la segunda instancia y colocó a la aseguradora en una situación más desfavorable que la establecida en el fallo original.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había elevado considerablemente una indemnización por un accidente laboral, aun cuando ese incremento no había sido solicitado por el trabajador.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la Cámara incurrió en una “reformatio in peius”, es decir, que empeoró la situación de la única parte que había apelado la sentencia.

El máximo tribunal entendió que la segunda instancia debía limitarse a revisar los aspectos efectivamente cuestionados y no podía modificar de oficio el monto de la condena en perjuicio de quien había recurrido.

El accidente que originó la demanda

El expediente comenzó con el reclamo presentado por Sergio Pagani, un técnico electricista que sufrió un accidente en agosto de 2017 mientras trabajaba en la instalación de un circuito de cámaras de seguridad en una concesionaria de automóviles.

El trabajador cayó de una escalera y golpeó una de sus rodillas contra el piso. Días después, una atención médica determinó que había sufrido una rotura de meniscos.

En 2019, la Comisión Médica N.º 10 había establecido una incapacidad laboral permanente parcial definitiva del 5%. Pagani cuestionó esa evaluación y llevó el caso a la Justicia, argumentando que las consecuencias del accidente eran mayores.

Primera instancia: 16% de incapacidad y $240.585

El juzgado laboral que intervino en primera instancia hizo lugar al reclamo del trabajador y determinó que la incapacidad alcanzaba el 16%.

En consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar una indemnización de 240.585 pesos, más los intereses correspondientes.

La ART apeló la decisión.

Sin embargo, el trabajador no recurrió el monto fijado en primera instancia.

Ese dato terminó siendo determinante para la resolución de la Corte Suprema.

La Cámara aumentó la indemnización de oficio

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el recurso presentado por la ART, pero además consideró que la indemnización fijada originalmente era insuficiente.

Los camaristas entendieron que el monto no alcanzaba siquiera al 60% del piso que, según su interpretación, correspondía para el nivel de incapacidad reconocido.

A partir de ese razonamiento, elevaron la reparación hasta 1.619.177,84 pesos, con intereses desde 2022.

El incremento significó multiplicar varias veces el monto establecido por el juez de primera instancia.

El problema planteado ante la Corte fue que ese aumento no había sido solicitado por el trabajador, que tampoco había apelado la sentencia.

La ART cuestionó el límite de la segunda instancia

Provincia ART recurrió ante el máximo tribunal y sostuvo que la Cámara había dictado una sentencia arbitraria al modificar la condena más allá de lo que había sido objeto de discusión en la apelación.

La aseguradora argumentó que la decisión violaba el principio de congruencia, que obliga a los jueces a resolver dentro de los límites planteados por las partes.

También invocó la figura de la reformatio in peius, que impide que una persona que es la única que apela termine en una situación peor como consecuencia de su propio recurso.

En términos prácticos, el planteo fue que si la ART era la única parte que había apelado, la Cámara no podía utilizar ese recurso para aumentar todavía más la condena en su contra sobre un aspecto que el trabajador había aceptado al no recurrirlo.

El fallo de la Corte

La Corte Suprema hizo lugar al planteo de la ART y revocó la sentencia de la Cámara.

Los magistrados señalaron que el tribunal de segunda instancia había colocado a la única apelante en una situación más desfavorable que la que surgía del fallo de primera instancia.

Para el máximo tribunal, la competencia de la Cámara estaba limitada a las cuestiones que habían sido efectivamente controvertidas mediante los recursos presentados.

De esta manera, la Corte concluyó que el incremento de la indemnización había excedido esos límites.

¿Qué significa la decisión?

El fallo no cuestiona que un trabajador pueda reclamar judicialmente una reparación mayor cuando considera que la indemnización determinada es insuficiente.

El punto central es otro: si una parte no apela un determinado aspecto de la sentencia, la segunda instancia no puede modificarlo de oficio en perjuicio de la única parte que recurrió.

El criterio reafirma los límites que deben respetarse en los procesos de apelación y la necesidad de que las decisiones judiciales guarden correspondencia con aquello que las partes efectivamente discutieron.

La Corte, por lo tanto, dejó sin efecto el aumento dispuesto por la Cámara y ordenó que se dicte una nueva sentencia respetando los límites de competencia de la segunda instancia.

El caso vuelve a colocar en primer plano una cuestión relevante para los procesos laborales: la protección del trabajador y el alcance de las reparaciones no eliminan las reglas procesales que delimitan qué puede revisar y modificar un tribunal cuando solo una de las partes apela.