Mientras el Gobierno nacional impulsa una profunda reforma que promueve la desregulación del sector inmobiliario, permitiendo el ejercicio libre sin matrícula ni título universitario, en la ciudad de La Plata el sector atraviesa una crisis de legitimidad. Las franquicias inmobiliarias, tanto internacionales como nacionales —Remax, Keller Williams, Century 21, Coldwell Banker, DIC, O'Keefe, Néstor Pérsico, Adrián Mercado, Blas Propiedades, Bullrich, Izrastzoff, entre otras—, operan sin cumplir con las leyes 20.266 y 25.028, sin que el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata levante la voz.

Estos modelos de negocio, que apuestan por "agentes asociados" o "brokers" sin habilitación profesional ni matrícula, están en franca violación del régimen legal vigente. La falta de controles ha permitido que estas franquicias crezcan sin restricciones, dejando de lado la formalidad y las normativas laborales, tributarias y jurídicas. Mientras tanto, los profesionales independientes que intentan regularizar su situación se enfrentan a una postura completamente opuesta por parte del Colegio, que persigue con dureza cualquier infracción mínima.

El doble estándar del Colegio de Martilleros de La Plata

Sin embargo, lo que más preocupa es la actitud ambigua y contradictoria del Colegio de Martilleros de La Plata. Por un lado, se mantiene en silencio frente a la proliferación de estas franquicias, sin presentar acciones legales ni administrativas para frenar su avance, lo que ha llevado a muchos a sospechar de acuerdos económicos espurios entre las autoridades del Colegio y las franquicias. Un "silencio cómplice" que se percibe como una estrategia para evitar conflictos y mantener un statu quo que favorezca a las grandes corporaciones inmobiliarias.

Por otro lado, el mismo Colegio no duda en imponer multas excesivas y discrecionales a los vendedores que deciden estudiar y recibirse como martilleros. Estas sanciones no solo son desmesuradas, sino que además invaden la vida privada de los profesionales, con procedimientos que parecen estar motivados más por una necesidad de control y castigo que por el cumplimiento de la ley. Quienes intentan cumplir con los requisitos y obtener su matrícula se ven atrapados en un sistema que no solo es injusto, sino también profundamente discriminatorio.

A través de estas multas arbitrarias y desproporcionadas, el Colegio actúa con una "doble cara": por un lado, no protesta ante las franquicias que operan sin control, y por otro, obstaculiza sistemáticamente a quienes desean matricularse y ejercer de manera legal. Este comportamiento, que podría calificarse de "persecución selectiva", genera un clima de desconfianza y desprotección entre los nuevos profesionales del sector, que ven frustrados sus esfuerzos por regularizarse debido a decisiones que parecen más motivadas por intereses corporativos que por el bienestar del mercado.

Desregulación y debilitamiento institucional

La reforma que impulsa el Gobierno, a través de Federico Sturzenegger, plantea la eliminación de la colegiación obligatoria y del requisito de título universitario para ejercer como martillero o corredor público, lo que profundiza la crisis de representatividad y legitimidad en el sector. Esta desregulación podría terminar de abrir las puertas a más franquicias que operan sin control alguno, mientras los martilleros matriculados y formados en las mejores universidades se ven ahogados por las políticas del Colegio y por leyes que los protegen cada vez menos.

En este contexto, la postura del Colegio de Martilleros de La Plata resulta aún más cuestionable. Mientras colegios de otras provincias, como Córdoba y Santa Fe, se han manifestado en contra de la desregulación y han defendido la profesionalización del sector, en La Plata el silencio del Colegio es ensordecedor. Los rumores sobre acuerdos con franquicias y la pasividad ante la desregulación alimentan la sospecha de un sistema que favorece a los grandes actores del mercado, a costa de los profesionales independientes.

Un futuro incierto para los martilleros platenses

Lo que parecía ser una medida para modernizar y hacer más accesible el mercado inmobiliario podría terminar siendo el principio del fin para muchos profesionales que, tras años de estudio y sacrificio, se enfrentan ahora a un sistema que los margina. La falta de transparencia, la intromisión en la vida privada de los trabajadores y las multas arbitrarias no solo debilitan a la institución, sino que también dejan a los consumidores expuestos a un mercado cada vez más desregulado y sin garantías.