A pesar de su posicionamiento como uno de los principales referentes en medicina prepaga en Argentina, la empresa Galeno podría estar llevando adelante prácticas que generarían controversias en su rol como Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Detrás de una amplia infraestructura sanatorial, miles de profesionales médicos y tecnología de punta, surgirían cuestionamientos sobre su comportamiento ante accidentes laborales.

En situaciones donde un trabajador sufre un accidente mientras presta servicios, Galeno, como ART, tendría la posibilidad de designar un cuerpo médico propio para evaluar el grado de incapacidad. Sin embargo, existen versiones que indican que estas evaluaciones iniciales podrían subestimar el daño real, forzando a los trabajadores a recurrir a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), un ente que se presenta como imparcial y que cuenta con médicos independientes para revisar los casos.

Si la SRT determinara una incapacidad superior, en teoría Galeno debería adecuar la compensación económica y cerrar el caso. No obstante, algunas fuentes señalan que la empresa optaría por apelar esas decisiones, incluso prolongando los trámites hasta la Comisión Médica Central. Este accionar podría implicar que el trabajador deba iniciar demandas judiciales o amparos, alargando el proceso y demorando su indemnización.

Además, esta estrategia procesal podría tener consecuencias también para los empleadores. En caso de que no se llegue a un acuerdo en la primera instancia, el trabajador podría optar por un reclamo de indemnización integral, figura que se encuentra fuera del sistema habitual de ART.

¿Qué es una indemnización integral?

En el marco legal argentino, una indemnización integral se reclama por fuera de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuando el trabajador considera que la compensación otorgada por la ART es insuficiente. Puede incluir no solo el daño físico por incapacidad, sino también daño moral, psicológico, pérdida de oportunidades laborales, gastos médicos y lucro cesante. Se trata de un reclamo judicial más amplio, amparado en el Código Civil y Comercial, que suele activarse cuando el sistema de ART es impugnado o declarado inconstitucional en el caso concreto.

Esto podría derivar en demandas más costosas y complejas, que involucren también al empleador, incluso cuando este no haya tenido responsabilidad directa en el accidente.

Según denuncias de distintos actores, si Galeno aceptara las resoluciones de la SRT en tiempo y forma, el conflicto se resolvería con mayor agilidad y sin mayores complicaciones. Pero al insistir en las apelaciones, podría estar trasladando la carga a las empresas contratantes, que se verían afectadas tanto económica como judicialmente.

Estas conductas, de confirmarse, pondrían en duda la fiabilidad de Galeno como ART, a pesar de su reconocida trayectoria en medicina privada. Con más de 68.000 profesionales, 7 sanatorios y 8 centros médicos propios, la empresa ostenta un liderazgo indiscutido en el sector sanitario. Sin embargo, el modo en que gestionaría los siniestros laborales podría estar en contradicción con los principios de celeridad, equidad y protección que debería garantizar a sus asegurados.

En este contexto, algunos empleadores podrían comenzar a reevaluar qué aseguradora elegir para proteger tanto a sus trabajadores como a sus propias responsabilidades legales. De sostenerse estas prácticas, Galeno podría dejar de ser la mejor opción disponible en el mercado.

DE GREMIALES, AMPLIARÍA LA INFORMACIÓN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SOBRE LO QUE OCURRE CON OTRAS ASEGURADORAS DE ART