En un contexto donde la aplicación de la Ley de Violencia de Género genera serias desigualdades legales entre hombres y mujeres, el abogado Santiago Tomás Annuasi Castañón denunció una situación que lleva esta distorsión a su extremo. En el marco de un proceso de familia, Annuasi cuestionó una sentencia que adjudicó una propiedad a una denunciante sin acreditar derechos sobre el bien, lo cual además derivó en su saqueo y deterioro.

Pese a los intentos legales por revertir la decisión —tanto del letrado como de los verdaderos propietarios— el expediente se mantuvo inaccesible para las defensas, motivando la denuncia del abogado ante el Jurado de Enjuiciamiento. A raíz de ello, la jueza Silvia Mendilaharzo no solo se excusó de la causa, sino que acusó a Annuasi de intentar "intimidarla y presionarla", sugiriendo que usar los mecanismos institucionales de control constituye un ataque personal, lo que encuadraría, de forma infundada, en delitos penales graves.

La gravedad se multiplica al considerar que la jueza dispuso la entrega de una vivienda perteneciente a terceros totalmente ajenos al litigio, ignorando normas básicas del proceso y la seguridad jurídica. En lugar de revisar sus resoluciones, respondió con una imputación contra el abogado, quien ahora manifiesta temor por posibles represalias y ve comprometida su libertad y el ejercicio de su profesión.

Lo que debería haber sido un debate jurídico sobre una medida cautelar, se transformó en una persecución institucional. El abogado, que actuó en defensa de derechos vulnerados, hoy duda de su continuidad profesional ante una familia judicial que se protege a sí misma incluso a costa de la legalidad.