El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur sumó un nuevo obstáculo institucional. El Parlamento Europeo resolvió frenar su avance y habilitar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el entendimiento firmado en Paraguay se ajusta a los tratados del bloque comunitario. La moción fue aprobada por un margen estrecho: 334 votos a favor y 324 en contra.

La decisión refleja las profundas divisiones internas que persisten en Europa en torno al acuerdo. Ante la falta de consenso, el Consejo de la UE había optado por una estrategia alternativa: separar el capítulo arancelario del institucional, con el objetivo de facilitar su tratamiento. Sin embargo, países como Francia lideraron las resistencias a ese camino, lo que terminó empujando el debate hacia el ámbito judicial.

La resolución parlamentaria llegó apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, realizada en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay. Si bien el entendimiento había logrado sortear etapas formales, todavía restaban pasos clave para su entrada en vigencia. Con la intervención del Tribunal de Justicia, el proceso podría extenderse por varios meses, hasta que exista un pronunciamiento definitivo.

En paralelo, el presidente Javier Milei incluyó la aprobación del acuerdo UE–Mercosur en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso argentino. El tratado, una vez despejadas las instancias europeas, deberá ser ratificado por los parlamentos de todos los países miembros plenos del Mercosur para quedar operativo.

En términos concretos, la Eurocámara dio luz verde a una moción que pone en duda la compatibilidad del acuerdo con el derecho comunitario. El Tribunal deberá analizar la base jurídica tanto del Acuerdo de Asociación UE–Mercosur (EMPA) como del Acuerdo Comercial Interino (ACI), cuya competencia corresponde de manera exclusiva a la Unión Europea.

Hasta que el TJUE emita su dictamen, el Parlamento Europeo no someterá el acuerdo a votación en el pleno. No obstante, los eurodiputados continuarán examinando el contenido del texto, en un escenario marcado por tensiones políticas, intereses sectoriales y el debate de fondo sobre el modelo de integración comercial entre ambos bloques.