La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) volvió a quedar bajo la lupa del Gobierno nacional, que analiza una profunda reforma estructural para enfrentar una crisis financiera que ya supera los 150 mil millones de pesos. Entre las medidas en estudio figura un incremento en los aportes de los afiliados —militares en actividad, retirados y sus familias—, una decisión que genera creciente malestar en un contexto de deterioro salarial y caída en la calidad de las prestaciones.

El proyecto, que se encuentra plasmado en un decreto a la espera de firma presidencial, propone cambios de fondo en el funcionamiento del sistema de salud militar. Según trascendió, la iniciativa contempla no solo una redefinición institucional del IOSFA, sino también una modificación del universo de afiliados. En ese esquema, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval quedarían excluidas de la cobertura y regresarían al ámbito del Ministerio de Seguridad, donde se evalúa la atención médica a través de convenios con empresas de medicina prepaga.

La discusión tomó impulso a fines de 2025, durante una reunión realizada en el Edificio Libertador entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y un grupo de coroneles retirados encabezados por Ariel Guzmán. Allí se abordó el futuro de lo que ya denominan la “nueva IOSFA”, en medio de cuestionamientos a la conducción política del organismo y a la falta de respuestas frente al deterioro del servicio que reciben más de 550 mil afiliados en todo el país.

Para el personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tanto en actividad como en situación de retiro, el plan oficial prevé la creación de una obra social exclusiva, con una reorganización administrativa y la eventual intervención del Ministerio de Economía para ordenar la pesada deuda acumulada. Sin embargo, uno de los puntos más sensibles de la reforma es la posibilidad de elevar el porcentaje de aporte obligatorio, actualmente fijado en el 6% del salario.

Además, el esquema en análisis incluiría la aplicación de descuentos sobre suplementos salariales por especialidad o destino en zonas inhóspitas, un mecanismo que —según fuentes del área de Defensa— ya estaba contemplado en la normativa original de creación del IOSFA en 2013, pero que nunca se implementó debido a los bajos ingresos del personal militar.

La situación salarial se agravó en el último año, luego de que el Gobierno nacional dejara sin efecto las últimas etapas del proceso de equiparación con las fuerzas de seguridad, lo que profundizó la pérdida del poder adquisitivo de los uniformados. En ese contexto, un aumento de aportes aparece como un factor adicional de tensión.

Mientras avanzan las definiciones, también persisten interrogantes sobre cómo quedará conformado el directorio de la futura obra social y qué rol ocupará la actual conducción. Con prestaciones cuestionadas, salarios retrasados y una deuda estructural en expansión, el futuro del sistema de salud de las Fuerzas Armadas se debate entre la urgencia financiera y el creciente descontento de sus afiliados.