El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, salió a respaldar públicamente la decisión del Gobierno de despedir a 11 trabajadores del Hospital Garrahan, entre ellos 10 delegados gremiales, y justificó la medida al sostener que las acciones llevadas adelante durante el conflicto laboral del año pasado comprometieron el normal funcionamiento del centro pediátrico.

Las declaraciones del funcionario se dieron en referencia a la toma de oficinas de la Dirección Médica realizada en octubre, en el marco de una prolongada disputa salarial. Según Lugones, quienes participaron de esa medida “no estaban cumpliendo tareas asistenciales ni defendiendo al equipo de salud”, sino que protagonizaron una acción de carácter político para reclamar el pago de jornadas no trabajadas.

“El hospital no puede ser rehén de este tipo de acciones. Se puso en riesgo su funcionamiento”, afirmó el ministro, al explicar los motivos del cesanteo. En el mismo mensaje, subrayó que la prioridad del Garrahan debe ser la atención de los niños y el respeto de la ley, en una clara señal de respaldo a la política de ordenamiento impulsada por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno insistieron en que, pese al conflicto gremial, el hospital continúa desarrollando sus actividades con normalidad. Lugones destacó que el Garrahan sigue realizando intervenciones de alta complejidad, recibiendo pacientes pediátricos de todo el país y consolidándose como un centro de referencia regional.

La decisión de avanzar con los despidos se produce en un contexto de fuerte tensión con el personal del hospital, que meses atrás protagonizó uno de los conflictos salariales más relevantes del sector público. Aquella disputa culminó con un acuerdo considerado uno de los más favorables para los trabajadores estatales durante la gestión de Javier Milei, pero que también implicó un elevado costo político y social para el oficialismo.

Para sectores sindicales, la medida constituye un mensaje disciplinador hacia un colectivo que logró torcerle el brazo al Gobierno en la negociación salarial. Desde el Ejecutivo, en cambio, sostienen que se trata de hacer cumplir las normas y garantizar el funcionamiento de una institución clave del sistema público de salud.

El episodio reaviva el debate sobre los límites de la protesta gremial en servicios esenciales y anticipa nuevos capítulos de tensión entre el Gobierno nacional y los trabajadores de la salud.