El Gobierno de Mendoza se encamina a inaugurar el ciclo de paritarias 2026 con una propuesta que ya genera fuerte rechazo sindical. La administración provincial planea ofrecer aumentos salariales condicionados a la evolución de la recaudación y a criterios de “productividad”, un esquema que los gremios estatales consideran un nuevo avance sobre el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico adverso.

La convocatoria formal a las negociaciones está prevista para febrero y, según anticipan desde la Casa de Gobierno, el inicio será complejo. La estrategia oficial implica un giro en la lógica tradicional de las paritarias, al subordinar los incrementos salariales a los ingresos fiscales de la provincia, en un escenario marcado por el ajuste y la desaceleración económica.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, sostuvo que la discusión estará atravesada por la situación fiscal. En declaraciones al diario El Sol, explicó que durante 2025 la masa salarial del Estado creció muy por encima de la recaudación provincial, lo que, a su criterio, limita el margen de maniobra para otorgar nuevos aumentos. “Cuando la recaudación cae, la negociación salarial se vuelve mucho más compleja”, advirtió.

En la misma línea, desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial ratificaron que las subas estarán estrictamente vinculadas a los ingresos provinciales. El ministro Natalio Mema fue aún más explícito al señalar que cualquier mejora que supere la inflación o la recaudación deberá estar asociada a la productividad de los empleados estatales. “Seguimos la recaudación por un lado y la inflación por otro. Todo lo que exceda esos parámetros estará atado a la productividad”, afirmó.

El planteo oficial encendió alarmas en los sindicatos, que rechazan de plano el concepto de productividad aplicado al salario estatal y reclaman aumentos reales que permitan sostener condiciones de vida dignas. Desde los gremios sostienen que la discusión debe partir de una recomposición del salario básico y no de variables macroeconómicas que escapan al control de los trabajadores.

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, fue uno de los más críticos. Cuestionó que la paritaria se subordine a la recaudación y reclamó un salario inicial que no baje de los 1,8 millones de pesos para las categorías más bajas. “No se puede discutir salarios con este esquema cuando los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo”, sostuvo.

Con posiciones claramente enfrentadas, Mendoza abre un debate que promete escalar en tensión y que podría marcar un precedente en la forma de negociar salarios estatales en un año atravesado por el ajuste y la incertidumbre económica.