Trabajadores del INTI denunciaron un proceso de desmantelamiento del organismo que podría derivar en el despido de unos 700 técnicos y profesionales, en el marco de una reestructuración impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación Argentina.

La medida contempla el cierre de áreas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a la metrología legal en sectores sensibles como combustibles y alimentos. Según alertaron desde el organismo, también se busca transferir esas funciones a empresas privadas.

Riesgo para la industria y las pymes

En una asamblea que reunió a más de 300 trabajadores, entre profesionales, técnicos y administrativos, se rechazó el proyecto de resolución que prevé dar de baja cerca de 1000 servicios que actualmente presta el instituto a pequeñas y medianas empresas y a la industria nacional.

Desde la Multisectorial del organismo advirtieron que la iniciativa “apunta directamente a desarmar los Centros de Investigación y Desarrollo”, considerados la columna vertebral del INTI. La pérdida de funciones en laboratorios completos dejaría sin tareas a cientos de trabajadores.

Medidas de fuerza y estado de alerta

Ante este escenario, los empleados votaron por unanimidad un plan de acción directa para intentar frenar la medida, que aún no fue oficializada por completo.

Entre las resoluciones adoptadas se incluyó una movilización inmediata hacia la colectora de la avenida General Paz al 5400, frente a la sede del organismo, para visibilizar el conflicto. Además, convocaron a una conferencia de prensa para el martes 21 de abril a las 10, con la participación de referentes de la ciencia, la educación, la política y el ámbito sindical.

También se declaró un estado de alerta permanente y se lanzó una campaña de comunicación para advertir sobre las consecuencias del recorte.

Alertan por impacto en la vida cotidiana

Desde el sector remarcaron que el posible cierre de áreas no solo afecta a los trabajadores, sino también a las empresas que dependen de los servicios del INTI.

“La eliminación de estos controles implica riesgos concretos para la población”, señalaron, en referencia a la verificación de mediciones industriales, calidad de productos y estándares en sectores críticos.

En ese sentido, sostuvieron que el traspaso de funciones al ámbito privado podría debilitar los controles y afectar tanto a consumidores como a la producción nacional, en un contexto de fuerte ajuste sobre el sistema científico y tecnológico.