El fallo que suspendió parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sigue generando repercusiones. El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, defendió la medida cautelar que dejó sin efecto 82 artículos de la norma y sostuvo que su decisión se basó en “indicios claros de inconstitucionalidad”.

La resolución fue dictada tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo y, según explicó el magistrado, responde a la necesidad de evitar posibles daños irreparables mientras se analiza el fondo de la cuestión.

“La cautelar es una medida preventiva que detiene las cosas en el estado en el que están hasta tanto se dicte una sentencia definitiva”, señaló Ojeda en declaraciones radiales. En ese sentido, remarcó que se trata de una herramienta “extraordinaria” que solo se aplica cuando existen elementos suficientes que justifican su adopción.

El juez detalló que, para dictar la medida, se tuvieron en cuenta requisitos clave como la verosimilitud del derecho —es decir, la existencia de indicios de inconstitucionalidad— y el peligro en la demora. “Con la mera lectura de los tramos cuestionados se advirtió que podían generar perjuicios graves si luego eran declarados inconstitucionales”, explicó.

En medio de la fuerte exposición pública y las críticas provenientes del oficialismo, Ojeda también defendió su rol como magistrado. “Hago mi trabajo con total independencia”, afirmó.

Por último, aclaró que la medida cautelar no es definitiva y puede ser revisada. “Puede revocarse si aparecen nuevos elementos. Lo puedo hacer yo mismo, la Cámara o la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina”, concluyó.

El fallo representa un freno significativo a uno de los ejes centrales del programa oficial y anticipa un prolongado conflicto judicial en torno a la validez de la reforma laboral.