UPCN atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. Desde el fallecimiento de su histórico líder, Carlos Quintana, en 2022, la conducción del gremio quedó en manos de Fabiola Mosquera, quien asumió sin convocatoria a elecciones ni renovación dirigencial, lo que generó un fuerte malestar entre afiliados y referentes internos.

En las últimas horas, el dirigente opositor Jesús Nieves Pérez, referente de la agrupación Educación Viva, expuso en el programa Desconfiados (Cadena Río) una serie de acusaciones por presunta corrupción, uso discrecional de fondos sindicales y persecución interna.

Según la documentación presentada por Nieves Pérez, tarjetas corporativas de UPCN —incluida la que pertenecía a Quintana— continuaron siendo utilizadas tras su fallecimiento, registrando consumos en perfumerías, bodegas y servicios médicos privados. Entre los gastos más cuestionados aparece el pago de coberturas premium en OSDE, en lugar de la obra social estatal IOMA, que es la que utilizan la mayoría de los afiliados.

“La tarjeta no es personal, es de todos los afiliados. Mientras los trabajadores esperan atención en IOMA, se pagan una prepaga de lujo con la plata del gremio”, denunció Nieves Pérez.

El dirigente también afirmó haber sido amenazado en un café de City Bell por el secretario gremial Juan Pablo Martín Oyarzábal, hombre de confianza de Mosquera, en un intento de silenciar sus denuncias.

Además, apuntó contra presuntos acuerdos entre la cúpula de UPCN y empresas contratistas que operarían dentro de ministerios bonaerenses, mediante contrataciones y compras con escasa transparencia.

La crisis tiene un costado personal: el propio padre del denunciante, Héctor Nieves, actual tesorero de UPCN La Plata, fue señalado por su hijo como partícipe en el manejo irregular de los fondos sindicales.

“Mi padre maneja la lapicera del gremio desde hace décadas y bloquea toda renovación. No hay lugar para la juventud ni para la democracia interna. Son cómplices de una gestión que está destruyendo la organización”, sostuvo Nieves Pérez.

Desde la muerte de Quintana, no se convocaron elecciones internas y la actual conducción mantiene el control del gremio sin legitimidad electoral. Las denuncias por autoritarismo, corrupción y falta de transparencia profundizan la fractura interna de uno de los sindicatos más poderosos de la administración pública bonaerense.

Finalmente, Nieves Pérez pidió la intervención de los organismos de control y una investigación judicial sobre el manejo de los recursos sindicales.

“No es un enfrentamiento familiar ni político: se están violando normas legales y usando los aportes de los afiliados para enriquecerse. Los trabajadores tienen derecho a conocer la verdad”, concluyó.