Tras el envío de 300 telegramas de despido, los operarios acusan a la empresa de invocar una crisis inexistente para reducir los pagos. Señalan al presidente Franco Bocci y a Patricio Colombo, dirigente empresarial y miembro de la comisión directiva de Boca Juniors.

El conflicto en la empresa ILVA escaló este viernes, luego de que los trabajadores despedidos realizaran protestas en los countries donde residen los principales directivos de la firma, en rechazo a los 300 telegramas de despido enviados con la promesa de pagar solo el 50% de las indemnizaciones.

Las manifestaciones tuvieron como principal blanco al presidente de la compañía, Franco Bocci, y a Patricio Colombo, accionista y dirigente empresario con participación en cámaras industriales de Pilar y la Provincia, además de integrar la comisión directiva de Boca Juniors. Colombo también fue funcionario municipal en distintas gestiones, tanto peronistas como macristas.

El primer escrache se llevó a cabo en el barrio cerrado El Encuentro, de Benavídez, donde vive Bocci. Según denunciaron los trabajadores, los telegramas de despido invocan el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita a las empresas a pagar la mitad de las indemnizaciones cuando atraviesan una crisis comprobada por causas ajenas a su voluntad.

Los operarios, sin embargo, rechazan que exista tal situación de crisis. Aseguran que el Ministerio de Trabajo bonaerense rechazó en dos oportunidades los pedidos de la empresa para acogerse al procedimiento preventivo de crisis, y recuerdan que ILVA realizó recientemente una fuerte inversión en maquinaria nueva, instalada y calibrada por los propios trabajadores que ahora fueron despedidos.

Además, denuncian que, mientras avanzaba con los despidos, la compañía publicó avisos laborales para cubrir los mismos puestos en los principales portales de empleo del país.

En paralelo, los trabajadores reclaman el pago de los salarios caídos correspondientes a la última quincena en que regía la conciliación obligatoria, y exigen una asistencia económica de emergencia que les permita subsistir hasta que se resuelva el conflicto.