El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, volvió a encender la alarma dentro del movimiento obrero al reclamar una respuesta sindical de máxima dureza frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Con un discurso cargado de referencias históricas y definiciones políticas, el dirigente aceitero pidió avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado y advirtió que también deberán asumir costos políticos los gobernadores que respalden la iniciativa oficial.

Las declaraciones de Yofra se produjeron en un contexto de creciente articulación sindical. Tras una serie de reuniones que comenzaron con 25 gremios y se ampliaron en pocos días, ya son 86 las organizaciones de las tres centrales obreras que acordaron un plan de lucha común, con movilizaciones federales y un paro el día en que la reforma llegue al recinto del Congreso.

Desde su mirada, el conflicto actual no es un episodio aislado, sino la repetición de una disputa histórica entre capital y trabajo. Al recordar las luchas por la jornada de ocho horas y las condiciones extremas que durante décadas atravesaron los trabajadores aceiteros, Yofra subrayó que los derechos conquistados nunca fueron concesiones voluntarias, sino el resultado de la organización y la confrontación. “Nada de lo que hoy tenemos se logró sin pelea”, viene repitiendo en cada encuentro sindical.

Esa lectura es la que lo lleva a cuestionar la estrategia de medidas aisladas. Para el dirigente, un paro limitado o gestos simbólicos no alcanzan para frenar una reforma que considera regresiva. Por el contrario, sostiene que solo una medida sostenida en el tiempo puede modificar la relación de fuerzas y obligar al Gobierno a retroceder.

Las críticas internas tampoco estuvieron ausentes. Yofra apuntó contra sectores de la conducción de la CGT a los que acusa de tibieza frente al avance oficial. En ese sentido, reclamó que la central obrera asuma un rol protagónico y encabece un paro nacional que involucre a todos los gremios, incluso a aquellos que hasta ahora se mostraron reticentes a confrontar abiertamente con la Casa Rosada.

El dirigente aceitero también puso el foco en las negociaciones políticas que se desarrollan en paralelo al debate parlamentario. Según advirtió, el Gobierno busca sumar apoyos entre los gobernadores a cambio de concesiones presupuestarias, aun cuando eso implique avalar cambios que recortan derechos laborales. “Si aceptan esta ley tal como está, también tendrán que hacerse cargo del costo”, lanzó, dejando en claro que la protesta no se limitará al plano nacional.

En cuanto al contenido del proyecto, Yofra cuestionó especialmente las modificaciones en negociación colectiva, organización sindical y derecho a huelga. A su entender, la iniciativa avanza sobre garantías básicas consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y apunta a debilitar deliberadamente la capacidad de los trabajadores para defenderse.

El clima de confrontación se terminó de consolidar esta semana en una nueva reunión encabezada por el titular de la UOM, Abel Furlán. Allí, los sindicatos resolvieron movilizar el 5 de febrero en Córdoba y el 10 en Rosario, además de preparar una gran jornada de paro y protesta frente al Congreso el día del tratamiento legislativo. La consigna común resume el espíritu del plan de lucha: los derechos del movimiento obrero no están en negociación.

Con la conflictividad sindical en ascenso y la reforma laboral aún en discusión, el escenario anticipa semanas de alta tensión política y social, con un movimiento obrero que empieza a reagruparse y a mostrar señales de confrontación abierta frente al rumbo del Gobierno.