La dirigente judicial Vanesa Siley cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por la decisión de modificar el régimen de Zona Fría y advirtió que la medida provocará fuertes aumentos en las tarifas de gas para millones de usuarios.

La secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Fesitraju) sostuvo que la eliminación del beneficio representa un nuevo golpe al bolsillo de los sectores medios y trabajadores, especialmente en provincias y distritos donde las bajas temperaturas vuelven indispensable el consumo de gas durante el invierno.

A través de publicaciones en redes sociales y declaraciones radiales, Siley acusó al Gobierno de intentar desviar la atención política de una sesión legislativa impulsada por la oposición. “Quieren tapar la sesión haciéndole pagar el invierno al pueblo”, lanzó la diputada.

La dirigente recordó que el régimen de Zona Fría había sido ampliado en 2021 mediante una iniciativa promovida por Máximo Kirchner y defendió la política como una herramienta vinculada a la soberanía energética y al acceso equitativo a los servicios públicos.

Según advirtió, la medida afectaría a 90 municipios bonaerenses, entre ellos Mercedes —su ciudad de origen—, además de localidades de provincias como Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Siley alertó además que los usuarios podrían enfrentar incrementos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas si pierden los descuentos previstos por el régimen especial. También cuestionó los nuevos requisitos administrativos para mantener parte de los subsidios y consideró que muchas familias podrían quedar excluidas del beneficio.

“Tenemos recursos energéticos y deben servir para mejorar la vida de los argentinos”, sostuvo la sindicalista, quien insistió en que la política de Zona Fría fue diseñada para compensar las desigualdades climáticas y garantizar acceso a tarifas más accesibles en regiones de bajas temperaturas.

Las declaraciones de Siley se producen en medio de un nuevo capítulo de tensión política por la política tarifaria del Gobierno y en vísperas de una sesión parlamentaria donde la oposición buscará debatir el impacto de los aumentos de servicios públicos y la reducción de subsidios.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la revisión de los esquemas tarifarios apunta a reducir el gasto estatal y focalizar la asistencia únicamente en sectores considerados vulnerables.