La situación en la empresa alimenticia Alijor, dedicada a la producción de tapas para tartas y empanadas, suma tensión entre sus 160 trabajadores. Empleados de la planta ubicada en Garín denunciaron que la firma abona los salarios de manera fraccionada en hasta ocho cuotas y mantiene deudas vinculadas a vacaciones y otras obligaciones laborales.

El conflicto, que según los trabajadores se arrastra desde hace más de dos años, se fue agravando con el correr de los meses. Nicolás Viñas, delegado congresal ante el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y empleado con más de dos décadas de antigüedad en la compañía, aseguró que el esquema de pagos parciales se volvió cada vez más extremo.

“Primero comenzaron pagando los sueldos en dos veces, después en cuatro, cinco y seis cuotas. Desde marzo la situación empeoró y hoy terminamos cobrando el salario en ocho partes”, explicó. Según relató, hubo períodos en los que directamente no recibieron depósitos durante varias semanas y recién obtuvieron respuestas tras realizar una protesta frente al domicilio del propietario de la empresa.

Además del fraccionamiento salarial, los trabajadores denuncian que la empresa mantiene atrasos en el pago de vacaciones y que hace más de un año y medio dejó de funcionar el comedor de la planta. “Con este esquema es imposible afrontar alquileres, deudas y gastos básicos”, remarcaron desde el sector gremial.

Alijor cuenta con más de 40 años de actividad en el rubro alimenticio y, además de comercializar productos con marca propia, también fabrica panificados para La Salteña.

Desde el sindicato, el secretario general del STIA, Sergio Escalante, advirtió que el escenario es “insostenible” y señaló que existen familias que llevan meses percibiendo ingresos de manera incompleta. El dirigente sostuvo además que, si bien la empresa adjudica la crisis a la caída del consumo y al aumento de costos, desde el gremio consideran que el problema estaría relacionado con cuestiones de gestión y comercialización.

En medio de la preocupación creciente, el sindicato trasladó el reclamo al ámbito político. Según indicaron, el caso fue presentado ante Fernando Coronel, vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Senado bonaerense, quien se comprometió a llevar la situación al recinto legislativo.