La crisis financiera de las cooperativas eléctricas bonaerenses volvió a quedar en evidencia tras una reunión entre la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires y autoridades del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, donde el sector alertó sobre el crecimiento de las deudas por compra de energía y denunció el presunto desvío de fondos nacionales destinados a la promoción cooperativa.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del IPAC, Gildo Onorato, y por el titular de FICE, Roberto Otero, quien describió un escenario “crítico” para las entidades eléctricas del interior bonaerense.

Según explicó Otero, las dificultades económicas que enfrentan las cooperativas se arrastran desde el congelamiento tarifario implementado a fines de 2019, cuando los ingresos del sector dejaron de acompañar el incremento de los costos operativos y energéticos.

En ese contexto, numerosas entidades se vieron obligadas a priorizar el pago de salarios y obligaciones básicas por encima de las facturas de compra de energía. Como consecuencia, gran parte de las cooperativas acumuló fuertes pasivos con Cammesa o con distribuidoras proveedoras de electricidad.

Desde FICE señalaron que prácticamente la totalidad de las cooperativas eléctricas bonaerenses arrastra actualmente deudas vinculadas al abastecimiento energético, una situación que compromete la sustentabilidad financiera del sistema.

Aunque en los últimos años se implementaron mecanismos de regularización y recomposición tarifaria, el sector sostiene que todavía persisten problemas estructurales sin resolver. Entre ellos, mencionan la dificultad para afrontar el pago de las deudas refinanciadas y la falta de inversiones en infraestructura eléctrica, especialmente en zonas rurales y alejadas de los grandes centros urbanos.

Durante la reunión también se planteó una fuerte denuncia contra el Estado nacional. Otero aseguró que la Nación no habría destinado al sector cooperativo unos 84.000 millones de pesos provenientes del impuesto al capital cooperativo establecido por la Ley 23.427.

Según explicaron desde FICE, esos recursos debían ser utilizados para financiar programas de educación y promoción cooperativa, pero el sector denuncia que los fondos no fueron distribuidos adecuadamente a las provincias.

“La falta de aplicación de esos recursos agravó la crisis estructural que atraviesan las cooperativas”, sostuvieron desde la federación.

Además, las entidades expresaron preocupación por el vencimiento previsto para agosto de 2027 de la Ley 23.427, norma que creó el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa y que constituye una de las principales herramientas de financiamiento y fortalecimiento institucional del sector.

Desde FICE advirtieron que la eventual caída de esa legislación implicaría un golpe adicional para las cooperativas eléctricas, por lo que ya comenzaron a reclamar respaldo político y legislativo para garantizar su prórroga.

El encuentro con el IPAC dejó expuesto que, pese a la recomposición tarifaria aplicada en los últimos años, las cooperativas eléctricas bonaerenses continúan atravesando una situación delicada, marcada por endeudamiento, infraestructura rezagada y crecientes dificultades para sostener la prestación del servicio.