Un operativo preventivo de la Policía de Salta desactivó un presunto ataque armado vinculado a una interna sindical petrolera y dejó a once personas a disposición de la Justicia, entre ellas ocho integrantes de la conducción del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo.

El procedimiento se desarrolló en las inmediaciones de General Güemes, donde se realizaba el lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca del sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy.

Según informó la fuerza provincial, la intervención comenzó tras una alerta por posibles incidentes y derivó en controles sobre rutas nacionales y provinciales durante varias horas.

En uno de los operativos, realizado sobre la ruta nacional 9/34 antes del acceso a General Güemes, los efectivos interceptaron dos camionetas particulares en las que se trasladaban dirigentes sindicales provenientes de Mendoza.

Durante la requisa, la Policía secuestró tres armas de fuego de distintos calibres, dos rifles de aire comprimido, más de 200 municiones, cuchillos, bates de béisbol y una cantidad importante de “miguelitos”, elementos metálicos utilizados para pinchar neumáticos en rutas.

Además, los agentes hallaron documentación vinculada a la Administración Nacional de Materiales Controlados y al ex RENAR.

En paralelo, otro procedimiento realizado en la zona de Río Las Pavas permitió controlar un colectivo con pasajeros provenientes del interior de Salta y Jujuy, donde también fueron secuestradas armas blancas y se demoró a otras tres personas.

El dato que generó mayor conmoción dentro del sector petrolero fue la identidad de los detenidos. De acuerdo con fuentes sindicales, los ocho mendocinos arrestados integran la Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo, encabezado por Gabriel Barroso.

Tras conocerse el operativo, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles emitió un duro comunicado en el que aseguró que “se evitó una tragedia” y responsabilizó políticamente a Barroso y a Sebastián Barrios, secretario general del sindicato petrolero de Salta y Jujuy.

Desde la Federación calificaron el episodio como un hecho “gravísimo” que “enluta a la familia sindical” y advirtieron que exigirán el avance de la investigación judicial hasta determinar las responsabilidades correspondientes.

Fuentes vinculadas al sector petrolero señalaron además que la Justicia investiga si detrás del episodio existía una organización previa para generar disturbios o emboscar a dirigentes sindicales durante el acto gremial.

La utilización de “miguelitos” en rutas y el tipo de armamento secuestrado fortalecieron las sospechas sobre una posible planificación previa del operativo, hipótesis que ahora analiza la Fiscalía Penal de General Güemes, que ya formalizó imputaciones en la causa.

El episodio generó fuerte preocupación dentro del sindicalismo petrolero del norte argentino, donde el gremio mantiene una importante influencia económica y social en miles de trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera.