La intervención libertaria de la Obra Social de los Peones Rurales (Osprera) vuelve a quedar en el centro de la polémica tras la filtración de un convenio millonario con la empresa IT Consult S.A., propiedad de Mario Agustín Gallo, empresario con vínculos estrechos con el macrismo y actualmente cercano a dirigentes libertarios.

El acuerdo, firmado el 13 de marzo de 2025 por el interventor Marcelo Petroni, establece la prestación de un servicio de telemedicina para los afiliados mediante una aplicación móvil. El contrato fija una cápita de 600 pesos por beneficiario del padrón, lo que implica un gasto superior a los $255 millones mensuales para la obra social.

Sin embargo, la utilidad del sistema es prácticamente nula. Según datos internos de la Osprera a los que accedió InfoGremiales, entre abril y julio se registraron apenas 2.300 consultas, lo que equivale a unas 600 atenciones por videollamada cada mes. En la práctica, el servicio se traduce en un costo exorbitante por una prestación casi sin usuarios. Además, los pocos afiliados que lo emplearon debieron abonar un coseguro.

Especialistas advierten que el perfil de la población cubierta —trabajadores rurales en su mayoría— presenta serias limitaciones para acceder a este tipo de plataformas digitales, tanto por problemas de conectividad como por la baja familiaridad con la tecnología, lo que convierte la inversión en un gasto difícil de justificar.

La figura de Mario Agustín Gallo tampoco pasa inadvertida. Su empresa ya había generado polémica por adjudicaciones en Mar del Plata y Entre Ríos, durante las gestiones de Guillermo Montenegro y Rogelio Frigerio. Además, su nombre apareció en la causa de los Seguros, donde fue citado a indagatoria como copropietario de Levelar, una de las firmas que más comisiones percibió por la contratación de pólizas estatales durante el gobierno del Frente de Todos.

La revelación del contrato con IT Consult S.A. se suma a las críticas recientes por otro convenio con la firma Htech Innovation, vinculada a un socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En ambos casos, se trata de contratos que comprometen cifras millonarias a cambio de servicios cuestionados por su escasa o nula efectividad.