En plena discusión nacional por la reforma laboral, empleados de Dioxitek S.A. denunciaron presuntos accidentes internos con materiales radiactivos en la planta de Alta Córdoba y alertaron sobre un deterioro en las condiciones de seguridad. La firma, encargada de producir dióxido de uranio para las centrales nucleares del país, depende actualmente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Según revelaron trabajadores bajo reserva de identidad a medios cordobeses, al menos dos episodios recientes habrían implicado exposición de personal a dióxido de uranio (UO?). Uno de ellos estaría vinculado a la rotura de una máquina considerada “irrecuperable” y otro a una presunta fuga de uranio en una tubería interna.

Una pieza clave del sistema nuclear

Dioxitek es la empresa estatal responsable de producir dióxido de uranio de grado cerámico, insumo esencial para el combustible que utilizan las centrales Central Nuclear Atucha I, Atucha II y Central Nuclear Embalse. En 2025, la compañía alcanzó una producción récord de 190 toneladas, consolidando su rol estratégico en la matriz energética nacional.

Las denuncias, sin embargo, ponen el foco en la seguridad operativa de la planta ubicada en un entorno urbano, en la ciudad de Córdoba.

Falta de reportes y prácticas cuestionadas

Los trabajadores señalaron que los supuestos incidentes no habrían sido reportados de manera inmediata a los organismos competentes, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), responsables del control y la fiscalización de la actividad nuclear.

Además, denunciaron presuntas prácticas irregulares en el manejo de desechos, entre ellas:

• Lavado de ropa de seguridad sin tratamiento adecuado del agua residual.

• Almacenamiento inapropiado de residuos potencialmente radiactivos.

• Falta de controles médicos sistemáticos sobre las dosis de exposición del personal.

Desde la conducción de la empresa rechazaron las acusaciones y cuestionaron la veracidad de las fuentes que difundieron la información, asegurando que los protocolos de seguridad se cumplen conforme a la normativa vigente.

Presupuesto y tensión interna

Las denuncias se conocieron poco después de la aprobación del Presupuesto 2026 para Dioxitek, que proyecta un superávit de $775 millones tras gastos operativos estimados en más de $25.500 millones. Parte del cuestionamiento interno apunta a que el equilibrio financiero no debería lograrse —según los denunciantes— a costa de la inversión en seguridad y mantenimiento.

El caso reabre el debate sobre la gestión de empresas estratégicas en áreas sensibles como la energía nuclear y suma un nuevo foco de conflicto en un contexto político marcado por reformas estructurales y tensiones laborales. Mientras tanto, el reclamo de los trabajadores pone en el centro una preocupación mayor: la seguridad operativa en una actividad de alto riesgo instalada en pleno entramado urbano.