La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) revocó la autorización para operar de Galeno ART y dispuso su disolución automática y liquidación forzosa. La medida, formalizada a través de la Resolución 56/2026 publicada en el Boletín Oficial, impacta de lleno en más de 600 trabajadores que se desempeñaban en la aseguradora de riesgos del trabajo.
La decisión del organismo que conduce Guillermo Plate se produjo luego de que la compañía informara que no estaba en condiciones de revertir un déficit de capital superior a los 12.900 millones de pesos, detectado en sus estados contables correspondientes a septiembre de 2025. Si bien la SSN había otorgado plazos legales para la presentación de un plan de saneamiento, la empresa reconoció formalmente su imposibilidad financiera para regularizar la situación.
Ante ese escenario, el ente regulador extendió la inhibición general de bienes que ya pesaba sobre la firma desde noviembre pasado, congelando la totalidad de sus cuentas bancarias. Además, dispuso avanzar con la liquidación judicial y activar el Fondo de Reserva que respalda las prestaciones del sistema de ART, con el objetivo de garantizar la cobertura de los siniestros y obligaciones pendientes. Para ese proceso fue designado como apoderado especial Pablo Aníbal Cuntari, quien deberá gestionar la transferencia de activos y bienes al Fondo de Reserva.
El impacto laboral fue inmediato. Más de 600 empleados nucleados en el Sindicato del Seguro de la República Argentina quedaron sin empleo tras la decisión. El gremio es conducido por Jorge Sola, también integrante del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El conflicto se desató apenas un día después de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria por 15 días, en un intento por encauzar la situación y abrir una instancia de negociación. Sin embargo, la resolución de la SSN precipitó el cierre definitivo.
En los últimos meses, trabajadores de la firma habían denunciado un proceso de vaciamiento progresivo, con cierres de áreas, retiros voluntarios, reasignaciones internas y cambios en las condiciones laborales que calificaban como mecanismos de precarización encubierta. Algunos empleados ya habían recibido notificaciones de cese a mediados de diciembre, pero la liquidación forzosa marca ahora el final formal de la operatoria de la aseguradora.
Con esta decisión, el sistema de riesgos del trabajo suma un nuevo episodio de tensión, mientras más de 600 familias enfrentan la pérdida de su fuente laboral en un contexto económico complejo y de creciente conflictividad social.
