En medio del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, un grupo de provincias volvió a marcar posición y reafirmó que el poder de policía del trabajo es una facultad no delegada a la Nación. La definición surgió tras un encuentro encabezado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Roberto Pedehontáa.

La reunión se realizó en la Casa de la Provincia de La Pampa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la participación presencial y virtual de autoridades laborales de distintos distritos. El eje central fue la preocupación compartida por la falta de convocatoria al Consejo Federal del Trabajo, ámbito institucional donde Nación y provincias articulan políticas laborales.

Reclamo por diálogo federal

El encuentro se dio como continuidad de la presentación formal realizada ante el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, a quien las provincias le solicitaron que convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo para discutir el alcance de la reforma.

Ante la ausencia de respuesta, los funcionarios avanzaron en la redacción de una carta pública en la que expresan su preocupación por la falta de instancias de diálogo federal en el tratamiento de la iniciativa. Según señalaron, el proyecto en debate podría afectar competencias propias de las jurisdicciones provinciales, particularmente en lo que respecta a inspecciones, fiscalización y control del cumplimiento de la normativa laboral.

Defensa de las competencias provinciales

Durante la jornada, los representantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los ámbitos de coordinación interjurisdiccional para garantizar tanto la defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores como el pleno ejercicio de las atribuciones provinciales.

En la carta de intención firmada por las siete jurisdicciones participantes se remarca que el poder de policía laboral forma parte de las facultades no delegadas por las provincias al Estado nacional. En ese marco, se comprometieron a:

• Impulsar normas que refuercen los instrumentos de control laboral en cada distrito.

• Unificar criterios técnicos de fiscalización.

• Intercambiar información entre las carteras laborales.

• Consolidar una postura común en defensa del federalismo y la autonomía provincial.

El posicionamiento se inscribe en un contexto de creciente tensión política por el avance de la reforma laboral y abre un nuevo capítulo en la disputa por el alcance de las competencias entre Nación y provincias. Con el debate legislativo en marcha, las jurisdicciones buscan garantizar que cualquier modificación normativa respete el esquema federal y las atribuciones constitucionales en materia de trabajo.