Los empleados municipales de la ciudad de La Plata atraviesan una realidad laboral que expone, sin eufemismos, un esquema de profunda precarización, tanto en materia salarial como en las condiciones de contratación. Si bien en los últimos años se desactivó el sistema de cooperativas y numerosos trabajadores pasaron a depender formalmente de la Municipalidad, ese cambio administrativo no se tradujo en una mejora concreta de su calidad de vida.

Según informó Diario Identidad, por el contrario, gran parte del personal municipal percibe ingresos que los ubican muy por debajo del umbral mínimo necesario para no ser considerados pobres. A esto se suma la persistencia de contratos temporarios que se renuevan año tras año, incluso en casos de empleados con más de una década de antigüedad, lo que consolida un escenario de inestabilidad permanente.

Actualmente, un trabajador municipal cobra alrededor de 353.000 pesos mensuales, sin aumentos significativos desde hace largo tiempo. Ese monto resulta completamente insuficiente frente al costo de vida real. De acuerdo con datos del INDEC, una familia tipo de cuatro integrantes necesita entre 1.257.000 y 1.276.000 pesos mensuales para no caer bajo la línea de pobreza. La comparación es contundente: el salario municipal no alcanza siquiera a cubrir una cuarta parte de ese valor.

La situación no describe un ajuste apretado ni una economía austera, sino un cuadro que empuja directamente a la indigencia. Con estos ingresos resulta imposible garantizar una alimentación adecuada, el pago de servicios básicos, el acceso a una vivienda digna o cualquier tipo de previsibilidad económica.

A la precariedad salarial se suma una problemática contractual alarmante. Existen trabajadores con 10, 15 o más años de servicio que continúan firmando contratos anuales, sin estabilidad laboral ni pase a planta permanente. Esta lógica transforma al empleo público municipal en una relación de extrema vulnerabilidad, donde la continuidad laboral depende de una firma que se renueva cada fin de año. Más allá de la pérdida de derechos básicos, este mecanismo opera como una forma de presión silenciosa que condiciona la vida cotidiana de quienes sostienen los servicios esenciales de la ciudad.

En este contexto, resulta inevitable señalar la contradicción política de la gestión municipal. Desde el discurso público se cuestiona con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y se reivindica la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en la práctica, se mantiene a los propios empleados municipales con salarios que los condenan a la pobreza y bajo contratos precarios sostenidos durante años. La distancia entre el discurso y la realidad expone una incoherencia difícil de justificar.

La Municipalidad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, evidencia así una brecha preocupante entre las prioridades de gestión y las condiciones reales de quienes garantizan el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Mientras se destinan recursos a obras y proyectos de alto impacto político o visual, los trabajadores encargados de limpiar, mantener y ordenar el espacio público sobreviven con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades más elementales.

La situación interpela directamente al modelo de administración vigente. Hoy, cientos de empleados municipales viven con el temor permanente de perder un trabajo que, aun pagando apenas 353.000 pesos mensuales, se convierte en un sostén precario e irrenunciable. Ese miedo obliga a aceptar condiciones indignas, a convivir con la incertidumbre y a agradecer la continuidad de un ingreso que no permite vivir con dignidad.

Cuando el temor a perder un salario de miseria se transforma en una herramienta de disciplinamiento, el trabajo deja de ser un factor de dignificación y pasa a convertirse en una forma de sometimiento. Ninguna gestión puede proclamarse defensora de los trabajadores mientras mantiene a los propios en un estado tan profundo de vulnerabilidad económica y laboral.