La interna de SUTIAGA La Plata continúa escalando y dejó de ser una disputa exclusivamente puertas adentro del sindicato. A las denuncias realizadas por Miguel Ángel Camacho, secretario Gremial de la organización, se sumaron ahora nuevos audios que exponen el clima político y sindical que rodeó la asamblea convocada para analizar su expulsión.

Las grabaciones, cuya autenticidad, integridad y contexto deberán ser determinados mediante las pericias correspondientes, contienen referencias a una eventual decisión previamente acordada, a la situación de Camacho y a los tres trabajadores despedidos de Conurbano Distribución S.A.

El conflicto ya incluye presentaciones ante la autoridad laboral, un amparo sindical, impugnaciones contra la asamblea y pedidos para que se preserve documentación y se designe un veedor.

Una interna que comenzó con tres despidos

Uno de los puntos centrales del conflicto se encuentra en el despido de Lautaro Agustín Díaz, Sergio Daniel Rodríguez y Javier Alejandro Crespo, trabajadores de Conurbano Distribución S.A.

Según la versión planteada por Camacho, su intervención en defensa de los trabajadores despedidos generó un enfrentamiento con la conducción de SUTIAGA.

El dirigente sostiene que, a partir de entonces, comenzó una serie de medidas destinadas a desplazarlo de sus funciones y limitar su participación dentro de la organización sindical.

La conducción encabezada por Carlos “Cali” Roagna y Estela Suárez deberá, en el marco de las actuaciones correspondientes, brindar su propia versión sobre los hechos denunciados.

Un audio que introduce una acusación particularmente grave

Entre los nuevos elementos aparece una conversación en la que uno de los interlocutores afirma:

“A la empresa la obligaron a que eche a tres pibes. Y los echaron”.

Ante la pregunta sobre quién habría ejercido esa presión, la respuesta que aparece en la grabación es:

“SUTIAGA lo obligó”.

Se trata de una acusación de enorme gravedad que no puede considerarse probada únicamente por la existencia del audio.

Para determinar si hubo efectivamente algún tipo de presión sindical sobre la empresa será necesario establecer quiénes participaron de esas conversaciones, cuándo fueron realizadas, cuál era el contexto y si existen otros elementos documentales o testimoniales que permitan corroborar o descartar lo expresado.

La cuestión, sin embargo, abre uno de los interrogantes más importantes de esta interna: ¿qué participación tuvo el sindicato en el conflicto laboral que terminó con los tres despidos?

“Eso está todo arreglado”: otro audio que complica la discusión

Otra de las grabaciones incorporadas al conflicto contiene una referencia directa a la asamblea.

En la conversación, uno de los interlocutores sostiene:

“Ayer éramos 800 en la asamblea. ¿Te parece que puede haber 800 personas equivocadas y cuatro que están acertados? Eso está todo arreglado”.

En otro tramo aparece una discusión sobre la posibilidad de que Camacho se presentara para ejercer su defensa pese a contar, según surge de la conversación, con una restricción perimetral.

El argumento planteado es que, si existía una prohibición de acercamiento, resultaba contradictorio exigir su presencia física en el lugar donde se desarrollaría la asamblea.

Este punto adquiere relevancia porque uno de los reclamos formulados por Camacho sostiene precisamente que las condiciones existentes podían afectar su derecho de defensa.

La contradicción alrededor de la defensa de Camacho

La cuestión puede resumirse en una pregunta sencilla.

Si la asamblea tenía como objetivo analizar una eventual expulsión de Camacho, ¿cómo podía garantizarse su derecho a defenderse si existía una restricción que le impedía acercarse al lugar?

La respuesta deberá surgir de las actuaciones judiciales y administrativas.

En los planteos presentados por el dirigente se solicitó la suspensión de la asamblea y, subsidiariamente, la presencia de un veedor oficial que pudiera verificar el cumplimiento de las garantías estatutarias y legales.

Entre los puntos reclamados aparecen el control del padrón, la identidad de los participantes, el quórum, el mecanismo de votación, la documentación y el efectivo ejercicio del derecho de defensa.

“Si le van a pedir la cabeza...”

Otro fragmento de las conversaciones incorpora una expresión que permite dimensionar el nivel de tensión existente.

Uno de los interlocutores afirma:

“Si le van a pedir la cabeza, yo no voy a poder hacer nada”.

La frase aparece dentro de una conversación en la que también se discuten fotografías y publicaciones relacionadas con Camacho y personas vinculadas con él.

En otro tramo, uno de los participantes sostiene directamente:

“Yo te digo que échenlo”.

Nuevamente, el contenido debe ser analizado en su contexto y mediante una pericia que determine la autenticidad de las grabaciones.

Pero desde el punto de vista periodístico, el material aporta un dato relevante: la expulsión de Camacho era una cuestión que generaba posiciones enfrentadas incluso entre personas que mantenían vínculos dentro del espacio sindical.

El debate sobre la “lealtad” sindical

Los audios también muestran una discusión sobre qué significa la lealtad dentro de una organización gremial.

Uno de los interlocutores cuestiona que un trabajador haya respaldado a determinados compañeros y sostiene que la cercanía cotidiana con ellos podría explicar su posición.

Del otro lado aparece una concepción diferente: la obligación de un dirigente sindical debería ser defender a los trabajadores independientemente de quiénes sean y de la empresa en la que trabajen.

La discusión adquiere mayor importancia porque el conflicto de fondo involucra precisamente a trabajadores despedidos.

La pregunta que queda planteada es incómoda pero central para cualquier organización sindical:

¿la representación gremial debe estar condicionada por las internas políticas del sindicato o debe sostenerse frente a cualquier trabajador que reclame protección?

“Siempre del lado de los compañeros, nunca del lado de los patrones”

En otra parte de la grabación aparece una definición tajante:

“Siempre estoy del lado de los compañeros, nunca de los patrones”.

La conversación intenta llevar la discusión hacia una cuestión política y no estrictamente laboral.

Uno de los interlocutores sostiene que el conflicto no tiene que ver con los patrones sino con una disputa interna dentro de SUTIAGA.

Pero inmediatamente después vuelve a aparecer el episodio de los tres trabajadores despedidos y la afirmación de que el sindicato habría intervenido para que la empresa concretara esos despidos.

De comprobarse esa acusación, el caso adquiriría una dimensión completamente diferente.

El punto que deberá investigar Trabajo

La documentación presentada por Camacho ya puso el conflicto en conocimiento de la autoridad laboral.

Ahora, además de las discusiones sobre la validez de la asamblea y las sanciones internas, aparece una cuestión que requiere respuestas concretas:

¿existió una intervención de SUTIAGA en los despidos de Conurbano Distribución?

Para responderla deberían analizarse, entre otros elementos:

• comunicaciones entre la empresa y el sindicato;
• actuaciones gremiales relacionadas con los tres trabajadores;
• actas;
• registros de reuniones;
• testimonios de los trabajadores despedidos;
• declaraciones de representantes sindicales;
• documentación de la empresa;
• y cualquier comunicación donde se haya solicitado o promovido el despido.

Un audio puede ser una pista. No alcanza, por sí solo, para establecer responsabilidad.

Las acusaciones contra Camacho también deberán ser acreditadas

El equilibrio periodístico exige señalar el otro lado del conflicto.

La conducción de SUTIAGA La Plata tiene derecho a defender la legalidad de sus decisiones, explicar las razones por las cuales se avanzó contra Camacho y aportar la documentación que respalde la suspensión y la convocatoria de la asamblea.

Las acusaciones de persecución sindical, irregularidades documentales, amenazas o violaciones estatutarias tampoco pueden darse por acreditadas únicamente porque fueron denunciadas.

En una disputa de semejante magnitud, la documentación será determinante.

El acta, los 45 días y una discusión estatutaria

Uno de los cuestionamientos formulados por Camacho está relacionado con el acta de Comisión Directiva del 12 de junio de 2026.

El dirigente sostiene que la conducción dispuso una separación provisoria por 45 días, pero que posteriormente se habría interpretado ese plazo como “45 días hábiles”.

Según su planteo, esa diferencia podría modificar el momento en que la medida quedó sin efecto.

También cuestionó el cumplimiento del plazo de notificación previo a la asamblea destinada a analizar su expulsión.

Estos puntos deberán ser confrontados con el estatuto de SUTIAGA, las actas originales y las constancias de notificación.

“Traidor” y “lo esperan”: las imágenes que también forman parte del expediente

La disputa sumó además un elemento particularmente sensible: fotografías de Camacho acompañadas por expresiones como “TRAIDOR” y “LO ESPERAN”.

Según denunció el dirigente, esas publicaciones tuvieron una finalidad intimidatoria.

La determinación de quién produjo, difundió o promovió esas imágenes será fundamental para establecer si existió algún tipo de amenaza o mecanismo de presión.

En este punto también resulta indispensable diferenciar una acusación de un hecho judicialmente probado.

Si las imágenes fueron incorporadas como prueba, corresponderá determinar su origen, fecha, autores y contexto.

Una interna que ya excedió a SUTIAGA

La disputa dejó de ser solamente una pelea entre dirigentes.

Ahora existen actuaciones ante la autoridad laboral y judicial, cuestionamientos sobre una asamblea, denuncias vinculadas con el funcionamiento interno del sindicato, audios que involucran distintas posiciones y acusaciones que podrían tener consecuencias mucho más amplias si fueran acreditadas.

Camacho reclama que la autoridad competente intervenga para controlar el proceso y solicita, entre otras medidas, la designación de un veedor.

Eso no significa que SUTIAGA haya sido intervenido.

Tampoco existe, a partir de los elementos conocidos, una resolución que determine que la conducción haya cometido las irregularidades denunciadas.

Lo que sí existe es un conflicto institucional que ya llegó a organismos externos al sindicato.

¿Puede terminar en una fiscalización extraordinaria?

La pregunta sobre una eventual intervención debe manejarse con extrema prudencia.

La Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales reconoce la autonomía de las organizaciones gremiales, pero también establece mecanismos de fiscalización estatal.

Por eso, antes de hablar de una intervención, deberían acreditarse hechos concretos que justifiquen una actuación extraordinaria.

En el caso de SUTIAGA, los elementos que podrían adquirir relevancia son:

la validez de la asamblea, el respeto del estatuto, el derecho de defensa, la autenticidad de las actas, las denuncias de persecución, las amenazas denunciadas y la eventual participación sindical en los despidos de Conurbano Distribución.

Son cuestiones diferentes, pero todas confluyen en una misma discusión: cómo funciona la democracia interna del sindicato.

Una pregunta que queda abierta

SUTIAGA atraviesa una de las internas más fuertes de los últimos tiempos.

De un lado, Camacho sostiene que fue perseguido por defender a trabajadores y que se intentó expulsarlo mediante un procedimiento irregular.

Del otro, la conducción deberá explicar las razones de las medidas adoptadas y demostrar que actuó dentro del estatuto y de la legislación vigente.

Los audios aportados agregan combustible a una pelea que ya estaba encendida.

Pero también obligan a algo más importante que elegir bandos: investigar.

Porque si realmente hubo una decisión para desplazar a un dirigente electo, deberá demostrarse.

Si hubo amenazas, deberán identificarse sus responsables.

Si las actas son legítimas, deberán exhibirse.

Si la asamblea fue regular, deberá poder acreditarse.

Y si existió presión sindical para despedir trabajadores, será necesario determinar quién la ejerció y con qué objetivo.

La respuesta no debería surgir de una interna, de un audio aislado ni de una operación política.

Debería surgir de los documentos, los testimonios y las pruebas.

Y ahí está, probablemente, el verdadero problema para SUTIAGA: cuando una interna sindical abandona los pasillos y llega a Trabajo y a la Justicia, ya no alcanza con decir que son solamente diferencias políticas.