El conflicto universitario volverá a escalar durante las próximas semanas ante la falta de respuestas del Gobierno nacional al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones docentes y nodocentes ya definieron nuevas medidas de fuerza que podrían extenderse hasta fines de agosto si el Ejecutivo no modifica su posición.

La CONADU Histórica anunció un paro de cuatro días que se desarrollará entre el 18 y el 22 de agosto, en reclamo de la implementación de la normativa aprobada por el Congreso y del cumplimiento de las obligaciones presupuestarias para las universidades nacionales.

A esta medida se suma el anuncio de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN-Nodocentes), que resolvieron avanzar con un paro de 48 horas los días 27 y 28 de agosto si durante las próximas semanas no aparece una respuesta concreta del Poder Ejecutivo.

Reclamo por salarios y fondos universitarios

El conflicto se mantiene abierto mientras el Gobierno nacional continúa sin reactivar las negociaciones paritarias del sector. La convocatoria oficial a los gremios fue fijada para el 1° de septiembre, una fecha que las organizaciones consideran tardía frente a la urgencia salarial que atraviesan docentes y nodocentes.

En paralelo, la Justicia convocó para el viernes 21 de agosto a una audiencia pública en la que deberán participar representantes del Gobierno nacional y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El encuentro judicial está relacionado con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y contempla cuestiones vinculadas con la transferencia de recursos destinados a becas, presupuesto y salarios. Hasta el momento, el Gobierno no confirmó oficialmente su participación.

Más medidas ante la falta de respuestas

Las nuevas jornadas de paro se producen luego de una medida de fuerza de 24 horas realizada en las universidades públicas de todo el país y convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

La protesta incluyó además una movilización de trabajadores docentes y nodocentes, junto con investigadores y profesionales vinculados al sistema científico, que se concentraron en el Obelisco para visibilizar el reclamo.

Los sindicatos sostienen que el Poder Ejecutivo mantiene una actitud de desatención frente a las demandas y cuestionan que la negociación salarial haya sido postergada hasta septiembre.

En ese contexto, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) reclamó profundizar el plan de lucha e incluso planteó la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado, hasta que el Gobierno cancele las deudas que las organizaciones atribuyen al Estado nacional y se convoque a una nueva marcha federal universitaria.

FEDUN y FATUN anticipan otro paro

Desde FATUN-Nodocentes confirmaron que, junto con FEDUN, se resolvió avanzar con un nuevo paro de 48 horas si no existen avances concretos.

Las organizaciones plantearon que la medida del 27 y 28 de agosto quedará supeditada a la respuesta que el Gobierno pueda brindar durante las próximas semanas.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, participa de la coordinación de la estrategia gremial junto a FATUN y al resto de las organizaciones que integran el frente universitario.

Desde el sector nodocente señalaron que la continuidad del conflicto responde a la falta de cumplimiento de la Ley 27.795 y reivindicaron la necesidad de mantener la unidad entre las organizaciones sindicales, el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El conflicto seguirá abierto

De esta manera, el calendario universitario ya tiene nuevas jornadas de protesta previstas para agosto y el conflicto podría profundizarse si no aparecen respuestas antes de fin de mes.

Con paros de cuatro días, nuevas medidas de 48 horas y la posibilidad de una escalada del plan de lucha, docentes y nodocentes buscan presionar al Gobierno nacional para que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, reactive las paritarias y garantice los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.

El escenario podría quedar condicionado por la audiencia judicial del 21 de agosto y por la eventual apertura de una negociación salarial antes del paro previsto para los últimos días del mes.