La abogada Sara Barni, presidenta de la organización Red Viva, cuestionó el violento procedimiento judicial en el que seis policías armados ingresaron a un jardín de infantes de Neuquén para retirar a un niño en el marco de un conflicto de tenencia. “Lo que vimos fue una vulneración gravísima de derechos humanos, no solo del niño y su madre, sino de toda la comunidad educativa”, afirmó.

El hecho ocurrió el 20 de agosto en el Jardín 65 de Neuquén, cuando, en cumplimiento de una orden judicial de cambio de tenencia, efectivos policiales irrumpieron en el establecimiento para llevar al menor con su padre. Según relató Barni, la escena incluyó forcejeos, la madre tirada al piso y la resistencia del niño que no quería abandonar el lugar.

“La Cámara había ordenado que el procedimiento se hiciera de manera pacífica. Sin embargo, lo que sucedió fue un despliegue armado dentro de un jardín, con niños presentes y una madre golpeada. Eso es inaceptable”, señaló la abogada.

Un trasfondo de poder e influencias

De acuerdo con Barni, la situación excede el conflicto familiar:

“El progenitor es secretario de prensa del gobernador de Neuquén, empresario de medios y con fuerte influencia política. Esto explica por qué muchos organismos miran para otro lado frente a las denuncias de violencia de la madre”, afirmó.

Red Viva sostiene que el caso debería tener competencia federal porque, según Barni, “Argentina es signataria de convenios internacionales que prohíben la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. No es un problema provincial: es una violación que compromete al país”.

Silenciamiento mediático y político

La presidenta de Red Viva denunció también intentos de censura:

“Presentamos documentación en Página/12, que publicó una nota, pero a las cuatro horas fue bajada sin explicación. El cerco mediático en Neuquén es evidente”, advirtió.

Además, relató que junto a referentes como Vilma Ripoll, Vanina Biasi y Mónica Macha intentaron ser recibidas en la Casa de la Provincia de Neuquén en Buenos Aires, pero el edificio cerró sus puertas antes del horario pactado:

“Cerraron para no recibirnos. Esto muestra la complicidad institucional con este tipo de prácticas”, sostuvo.

Violencia vicaria

Barni definió la situación como un caso de violencia vicaria, es decir, el uso de los hijos para ejercer control sobre las madres.

“La mamá es una mujer humilde, estudiante de magisterio, que denunció privación ilegítima de la libertad y episodios de violencia. Sin embargo, la Justicia neuquina falló a favor del padre y hasta acompañó el operativo policial”, explicó.

Una causa que sigue abierta

La organización Red Viva se presentó como querellante y busca que la causa se tramite en el fuero federal.

“No se trata solo de un caso familiar: lo que ocurrió en ese jardín es una vulneración de derechos humanos que no puede quedar impune”, concluyó Barni.