Adriana Volchok, una ex trabajadora del Ministerio de Seguridad bonaerense, atraviesa una situación límite: sufre asma crónica y EPOC, pero el IOMA le niega un turno urgente con su especialista. Desesperada, asegura que ni siquiera obtiene respuestas de la obra social mientras su salud se deteriora rápidamente.

“Estoy con una crisis de asma y no me atienden. Me dijeron que hay turnos recién para mediados de agosto. Les envié mis signos vitales, les dije que era urgente, pero no contestaron. Avisé que iba a hacer una denuncia por abandono de persona, y tampoco reaccionaron. Es como si no existiera para ellos”, declaró con angustia.

El reclamo se suma a una larga lista de denuncias de afiliados que reportan fallas estructurales en el IOMA: desde largas demoras para conseguir turnos, hasta recortes en prácticas, ausencia de cobertura para prótesis o medicamentos y especialidades médicas desmanteladas.

Pero en el caso de Volchok, hay otro agravante: asegura haber sido jubilada de forma irregular. “Me otorgaron una pensión por incapacidad total y permanente del 73%, pero nunca me explicaron cuál es la incapacidad que supuestamente tengo. Hice una acción de amparo porque no puedo vivir con esta incertidumbre jurídica y médica”, explicó.

También denunció una situación insólita: en medio del litigio, el propio Ministerio de Seguridad habría ofrecido un puesto laboral a su abogado para que abandonara la causa. “Ingresó con 53 años a un cargo público, cuando el tope permitido es de 50. Si eso fue parte de un arreglo, lo voy a denunciar ante el Colegio de Abogados”, advirtió.

Actualmente, Volchok se atiende en el Centro Médico del Valle de Lanús, donde cuenta con atención en algunas especialidades, como neumonología, cardiología y oftalmología, pero carece de cobertura para otras esenciales como gastroenterología y traumatología, que además implican gastos extras fuera del alcance de su bolsillo.

También intentó una salida institucional: ofreció renunciar a sus cargos a cambio de una jubilación común, pero desde la provincia desestimaron el acuerdo. “Me jubilaron de forma fraudulenta, con la única intención de sacarme del sistema. Y mientras tanto, sigo sin atención médica y sin certezas legales”, remarcó.

“Yo no estoy pidiendo privilegios. Solo quiero que me atienda el médico que conoce mi historia clínica. Necesito recetas, medicación para respirar y también tratamiento psiquiátrico, porque esta situación me está destruyendo emocionalmente. Tomo PAF, broncodilatadores y pastillas para la depresión, pero sin cobertura todo eso es impagable”, concluyó entre lágrimas.