Un grupo de trabajadores de la Escuela Secundaria N.º 82 de La Plata presentó una denuncia colectiva ante la Inspección de Nivel Secundario, en la que exponen un escenario alarmante de acoso laboral y violencia institucional dentro del establecimiento. En el centro de la acusación figura la actual directora, Ana Bader, señalada por instaurar un “clima hostil y autoritario” desde el inicio de su gestión.

Según detalla la presentación formal, respaldada por numerosas firmas docentes —quienes optaron por mantener el anonimato público ante el temor a represalias—, la conducción escolar habría implementado una dinámica sistemática de hostigamiento, gritos, amenazas y destrato, tanto en privado como frente a estudiantes y familias.

Uno de los aspectos más denunciados es la forma en que la directora convoca al personal: tras cualquier error o diferencia de criterio, se cita al docente a solas en su despacho, donde —según afirman— se los encierra sin testigos y se los expone a “retos” cargados de violencia verbal. Entre las frases reportadas se encuentran:

• “Si no te gusta, búscate otro trabajo”.

• “Renunciá, pedí MAD”.

• “Esto es para iniciarte un sumario”.

• “Dejá de llorar, no sos una nena”.

• “Yo soy la directora; si querés ser directora, concursá”.

El documento destaca que estas prácticas han generado renuncias y un fuerte impacto en la salud mental del cuerpo docente, que vive bajo un estado de alerta constante, temeroso de equivocarse y ser reprendido. “La vocación de enseñar está siendo sofocada por el miedo”, advierten.

Uno de los hechos más graves relatados es la descalificación pública del personal ante estudiantes y familias, lo que socava la autoridad pedagógica y daña la relación con los alumnos. “No rechazamos el acompañamiento pedagógico ni las observaciones, pero no vamos a seguir tolerando la persecución y el maltrato”, afirman en la carta.

La denuncia se apoya en normativas vigentes como el Reglamento General de Instituciones Educativas, que exige a los directivos mantener un trato respetuoso y libre de cualquier forma de violencia, así como el Decreto 2299/11, que establece el derecho a ser escuchado en contextos de participación igualitaria y con diálogo institucional.

En un gesto de defensa colectiva, los y las docentes decidieron que de ahora en más cada citación será respondida en grupo, con la presencia de testigos que puedan resguardar la integridad de los trabajadores frente a posibles nuevos abusos.

El escrito ya fue presentado ante las autoridades educativas con una nómina de firmas adjunta, y se espera una pronta intervención que ponga fin a esta situación de maltrato. “Queremos trabajar en paz. Solo pedimos un entorno laboral digno para seguir enseñando”, concluyen.