Mientras el Gobierno de Javier Milei presenta a la minería como uno de los principales motores para atraer inversiones, exportaciones y dólares, los datos oficiales muestran un impacto mucho más limitado sobre el mercado laboral. En mayo de 2026, la actividad extractiva incorporó apenas 55 trabajadores registrados, frente a una pérdida de más de 70.000 puestos formales en el conjunto de la economía.

Los datos, analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de información de la Secretaría de Trabajo, evidencian una fuerte disparidad entre los sectores promovidos por el Gobierno y aquellos que históricamente concentran mayor cantidad de trabajadores.

Durante mayo, la industria manufacturera perdió 15.139 empleos, el comercio registró una caída de 13.488 puestos y las actividades administrativas redujeron otros 11.050. En total, el empleo registrado sufrió una contracción de 70.217 puestos.

En ese escenario, la minería aportó sólo 55 nuevos empleos netos. El dato vuelve a poner en discusión el tipo de crecimiento que impulsa el actual modelo económico: grandes inversiones, elevada intensidad de capital y capacidad exportadora, pero una limitada generación de puestos de trabajo directos.

RIGI y una apuesta por el extractivismo

La estrategia oficial encuentra uno de sus principales instrumentos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante el cual el Gobierno busca acelerar proyectos de gran escala, especialmente en sectores vinculados con la minería, los hidrocarburos y la infraestructura.

Según los registros oficiales citados en el informe, existen 41 iniciativas anunciadas bajo el régimen por unos US$140.929 millones, aunque una parte significativa de esos proyectos todavía se encuentra en etapas de evaluación.

El esquema contempla importantes beneficios tributarios y aduaneros para las empresas alcanzadas. Entre ellos se encuentran una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, exenciones de derechos de exportación a partir de determinados períodos y facilidades para la importación de bienes destinados a los proyectos.

El debate, por lo tanto, no se limita al volumen de inversiones anunciadas, sino a cuánto de ese desembolso termina generando actividad económica, empleo registrado y desarrollo de proveedores dentro del país.

El caso Vicuña y la discusión por el empleo nacional

Uno de los ejemplos que expuso esta tensión es el proyecto Vicuña, en San Juan, impulsado por Lundin Mining y BHP. El emprendimiento, que contempla el desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, es presentado como uno de los mayores proyectos mineros de la historia argentina.

En torno a la construcción de la infraestructura necesaria para el emprendimiento surgió una controversia por la decisión de utilizar módulos habitacionales fabricados en China para conformar el campamento destinado a los trabajadores.

La adjudicación quedó en manos de un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa argentina RAFA S.A. La decisión generó cuestionamientos entre sectores industriales y empresariales que sostienen que parte de esos trabajos podría haberse realizado con producción nacional.

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, señaló que fabricar los módulos en Argentina tiene un costo superior al de producirlos en China, aunque sostuvo que la diferencia representaría una porción reducida frente al volumen total de inversión del proyecto. Según esa estimación, la fabricación local podría haber generado alrededor de 400 empleos directos, mientras que la alternativa importada demanda una cantidad considerablemente menor de trabajadores para las tareas de traslado y montaje.

Una inversión millonaria frente a una generación laboral limitada

Vicuña contempla inversiones por aproximadamente US$18.000 millones hasta 2040. La primera etapa, vinculada con la construcción y puesta en marcha de Josemaría, demandaría unos US$7.000 millones, con una posterior expansión hacia Filo del Sol.

El objetivo estratégico es posicionar a la Argentina como un productor relevante de cobre, con una capacidad proyectada de alrededor de 400.000 toneladas anuales durante 25 años.

La magnitud de las cifras contrasta con el escaso impacto inmediato observado sobre el empleo formal. La discusión de fondo pasa entonces por determinar si el desarrollo minero permitirá construir una cadena productiva nacional alrededor de las inversiones o si buena parte de los bienes, servicios y equipamientos serán adquiridos en el exterior.

La minería puede convertirse en una fuente importante de divisas para la Argentina, pero los datos laborales de mayo muestran que inversión y generación de empleo no necesariamente avanzan al mismo ritmo. El desafío para el país será conseguir que los grandes proyectos extractivos no se limiten a producir minerales y dólares, sino que también impulsen proveedores locales, empleo registrado, industria nacional y mayor valor agregado dentro de la economía argentina.