En una nueva embestida contra el esquema tradicional de derechos laborales, el Gobierno de Javier Milei reglamentó por decreto los mecanismos que permitirán financiar despidos mediante instrumentos financieros como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, incluso con aportes de los propios trabajadores.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió una resolución que establece el marco regulatorio para estos nuevos instrumentos, definidos en la Ley Bases y posteriormente desarrollados por el Decreto Reglamentario del Ejecutivo. Si bien la ley establecía que los aportes para estos fondos debían provenir de los empleadores —como ya sucede en el sector de la construcción—, el Gobierno introdujo una modificación que permite que los empleados también puedan aportar de su bolsillo, en abierta contradicción con el texto legal.

¿Financiar el propio despido?

Especialistas advierten que este esquema representa una privatización de la indemnización por despido y un riesgo financiero para los trabajadores. “Se está violando el orden jurídico”, afirma la abogada laboralista Natalia Salvo. “Obligar al trabajador a financiar su propio despido atenta contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la protección contra el despido arbitrario.”

Según Salvo, permitir que el propio trabajador cubra su eventual desvinculación "es como si un inquilino pagara todos los meses para cubrir una posible ruptura del contrato por parte del dueño del inmueble".

Las cuatro nuevas modalidades

El nuevo régimen contempla cuatro herramientas financieras que podrán ser utilizadas para costear la desvinculación laboral, siempre y cuando se incorporen mediante convenios colectivos:

1. Cuenta Bancaria de Cese Laboral
   Aportes mensuales del empleador o el trabajador se acumulan en una cuenta regulada por el Banco Central. El capital reunido será destinado a cubrir la indemnización por despido.

2. Seguro de Cese Laboral
   Similar a un seguro tradicional, sería contratado por el empleador (o por el trabajador, según el convenio) a aseguradoras privadas. No está garantizada la cobertura en caso de quiebra de la aseguradora.

3. Fondo Común de Inversión (FCI) de Cese Laboral
   El dinero acumulado se invierte en instrumentos financieros —como bonos, acciones o plazos fijos—. Los riesgos del mercado financiero podrían provocar la pérdida del capital aportado.

4. Fideicomiso Financiero de Cese Laboral
   Similar al FCI, pero con un administrador fiduciario que invierte el capital según un contrato. También expuesto a los vaivenes del mercado.

Tanto los FCI como los fideicomisos están prohibidos de invertir en activos vinculados a los empleadores, pero no están blindados frente a crisis financieras que afecten el valor de los activos. “La norma no elimina la indemnización por antigüedad, pero crea un sistema paralelo que introduce incertidumbre y debilita las garantías existentes”, señala Milton Kees, abogado especialista en contratos.

¿Quién gana con este nuevo sistema?

A pesar del discurso oficial, los beneficios de este esquema no están del todo claros ni siquiera para el sector empresario. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, advierte que "esto recuerda al modelo de las AFJP: grandes negocios financieros, pocas certezas para los beneficiarios".

Desde el sector PyME, también hay dudas. "Una empresa que no vende no debería pensar en despedir, sino en cómo sostener el empleo. Este sistema encarece los costos y no ataca el problema de fondo: la falta de actividad económica", afirma el economista y empresario Guido Agostinelli.

Por ahora, la implementación de estos esquemas dependerá de lo que negocien los sindicatos con las patronales. Pero el riesgo es claro: abrir la puerta a que los despidos se financien con el dinero de los propios trabajadores, en un marco de creciente precarización y desempleo —que ya aumentó un 38% desde la asunción de Milei—.