En una medida que apunta a impulsar la generación de energía limpia, el Gobierno modificó el régimen de usuarios de energías renovables e impidió que las distribuidoras apliquen cargos adicionales a quienes inyecten excedentes a la red.

La decisión fue oficializada este viernes a través de la Resolución 287/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. La normativa redefine categorías de usuarios-generadores, ajusta los límites de potencia y elimina trabas administrativas, con el objetivo de fomentar el autoconsumo y el aporte de energía renovable al sistema eléctrico.

Una de las principales novedades es que las empresas distribuidoras no podrán aplicar cargos extra por conceptos como estudios técnicos, mantenimiento de red, respaldo eléctrico o peajes de acceso. Además, se prohíbe cobrar impuestos adicionales sobre los excedentes de energía renovable que los usuarios viertan a la red.

Nuevas categorías de usuarios

La resolución clasifica a los generadores de energía renovable en tres grandes grupos:

• Usuarios Generadores Individuales: personas o entidades con equipos propios para autoconsumo, que también pueden inyectar excedentes.

• Usuarios Generadores Comunitarios: grupos de usuarios con distintos puntos de suministro pero una administración conjunta del equipo de generación, que puede o no estar vinculado a sus domicilios.

• Usuarios Generadores Comunitarios Virtuales: similares a los anteriores, pero con monitoreo en tiempo real que permite una gestión más eficiente y transparente de la energía generada, consumida e inyectada.

Cada tipo de usuario se clasifica además según la potencia instalada:

• Pequeños (UGpe): hasta 3 kilovatios (kW)

• Medianos (UGme): más de 3 kW

• Mayores (UGma): entre 300 kW y 12 megavatios (MW)

Un paso hacia la transición energética

Con esta modificación, el Ejecutivo busca fortalecer el desarrollo de la generación distribuida renovable, una estrategia clave para diversificar la matriz energética, reducir las emisiones y disminuir la dependencia de fuentes fósiles.

Además de eliminar trabas económicas, la resolución también simplifica los procesos administrativos y refuerza la seguridad jurídica para quienes invierten en este tipo de tecnologías.