Una grave denuncia por acoso sexual contra el Director de Información Territorial de la Municipalidad de La Plata, Federico Pez, ha desencadenado un escándalo institucional que ya involucra múltiples testimonios, despidos arbitrarios y una red de encubrimiento dentro del poder local.

La acusación fue presentada por una empleada municipal, quien, tras superar el temor a represalias, formalizó la denuncia penal. La víctima se desempeñaba en la oficina ubicada en calle 47 entre 11 y 12 (N° 844, tercer piso), lugar donde ocurrieron los hechos. La trabajadora cuenta con el patrocinio legal del estudio Annuasi Castañón Hurtado.

Apenas conocida la denuncia, Pez habría ordenado el despido de seis mujeres que trabajaban bajo su órbita. Todas ellas estaban registradas bajo una cooperativa, modalidad que el Municipio utiliza frecuentemente para eludir vínculos laborales formales. Las trabajadoras, que afirman haber sufrido hostigamiento y presiones, evalúan realizar presentaciones judiciales y mediáticas para exponer el accionar del funcionario y las maniobras de encubrimiento de las que acusan a Bonicatto, superior directo de Pez.

El caso tomó aún mayor gravedad cuando se conoció que una de las presuntas víctimas, afectada por el hostigamiento, tomó la decisión de quitarse la vida. Su hijo, según trascendió, habría aportado en sede judicial diversas denuncias previas por violencia de género que —hasta ahora— permanecían archivadas.

En paralelo, comenzaron a sumarse nuevas denuncias por parte de otras trabajadoras. El estudio jurídico que representa a la denunciante original afirma estar recibiendo un creciente número de consultas y testimonios de mujeres que habrían sufrido conductas similares por parte del mismo funcionario.

La defensa de Pez fue asumida por el abogado Julio Burlando, decisión que generó polémica en diversos sectores por el historial de casos defendidos por el estudio, muchos de ellos vinculados a figuras acusadas de delitos sexuales.

Pese a la gravedad de las denuncias y la creciente presión pública, desde el Ejecutivo municipal no se han tomado medidas disciplinarias contra Pez. Diversas fuentes aseguran que el funcionario cuenta con fuertes respaldos políticos, incluyendo vínculos directos con la presidenta del Colegio de la Abogacía, el intendente local y autoridades de la Defensoría del Pueblo.

La falta de respuestas institucionales ya comenzó a generar movilizaciones y reclamos por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos, que exigen una investigación profunda, la separación inmediata del cargo de Pez y el fin de las represalias contra quienes se animaron a denunciar.