El Gobierno nacional tiene listo para publicar un decreto que implicará una fuerte reestructuración —e incluso la eliminación— de organismos clave en áreas como agricultura, industria, tecnología y propiedad intelectual. Bajo el marco de la emergencia pública establecida por la Ley Bases, el Ejecutivo avanzará con la disolución, degradación o reconversión de instituciones como el INTA, el INTI, el INASE, el INAF, el INV y la agencia reguladora del cáñamo y el cannabis medicinal (Ariccame).

La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, responde al objetivo oficial de combatir lo que se describe como "sobredimensionamiento de la estructura estatal" y promover "una gestión pública eficaz". Sin embargo, implica un recorte sustancial de funciones esenciales para el desarrollo regional, la asistencia técnica a productores y la investigación aplicada en sectores estratégicos.

Organismos en riesgo

Entre los organismos que serán directamente eliminados se encuentran:

• INASE (Instituto Nacional de Semillas): clave para garantizar acceso equitativo a semillas y evitar su monopolización.

• INAF (Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena): orientado a promover la producción agroecológica y el arraigo rural.

• Ariccame: regulador de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal.

Otros entes, como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), perderán su estatus de autarquía y pasarán a ser unidades organizativas dentro de distintas secretarías del Poder Ejecutivo. Esto significa menos autonomía financiera y técnica, y una reducción drástica de sus capacidades operativas.

Achicamiento con consecuencias

El decreto también propone cambios estructurales que afectan el trabajo territorial de estos entes. En el caso del INTA, por ejemplo, se elimina su capacidad de crear servicios de extensión, campos demostrativos o explotaciones piloto, pilares de su acción técnica en el campo. Además, se reemplaza su actual conducción colegiada por una dirección unipersonal designada directamente por el Ejecutivo, eliminando la representación de universidades como Agronomía y Veterinaria.

El INTI, por su parte, es acusado en el decreto de haber crecido en personal sin que eso se reflejara en mayores servicios prestados. Bajo ese argumento, se le quita la autarquía y pasa a depender directamente de la Secretaría de Industria.

Críticas al enfoque

La "población objetivo" del plan de desguace abarca a más de 88.000 trabajadores distribuidos en 111 organismos (40 desconcentrados y 71 descentralizados), que según el Ministerio de Desregulación no cumplen con las prioridades actuales del Estado.

El decreto justifica los cierres y degradaciones atacando el carácter "intervencionista" de estos organismos y descalificando sus resultados, pero sin proponer reformulaciones o mejoras. La narrativa oficial responsabiliza a estas políticas por la ineficiencia o crisis sectoriales, sin considerar su rol en la inclusión productiva, el desarrollo territorial o la promoción de la ciencia aplicada.