La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó este jueves una medida cautelar ante la Justicia Administrativa con el objetivo de suspender el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, por el cual el gobierno nacional eliminó el carácter no laborable del 27 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador del Estado.

El sindicato, que encabeza Andrés Rodríguez, cuestionó la legalidad del decreto firmado por el Poder Ejecutivo al considerar que no cumple con los requisitos formales y materiales para su emisión. En ese sentido, argumenta que no existe una situación de “necesidad y urgencia” que justifique la anulación por vía ejecutiva de un derecho establecido por ley del Congreso.

La norma derogada, la Ley 26.876, fue sancionada en 2013 y consagraba el día 27 de junio como asueto para los empleados públicos en todo el país. Desde entonces, ese día se convirtió en un reconocimiento oficial a la labor de los trabajadores estatales.

En su presentación judicial, UPCN sostiene que el decreto no solo vulnera la división de poderes, sino que también atenta contra derechos laborales reconocidos, incluyendo el derecho al descanso y la libertad sindical. Además, señala que la publicación del DNU a tan solo un día de la fecha conmemorativa impide cualquier reprogramación personal o institucional, generando perjuicios concretos como la pérdida de presentismo o la exposición a sanciones laborales.

El gremio solicitó a la Justicia que dicte una medida cautelar de no innovar, es decir, que suspenda los efectos del DNU mientras se resuelve la cuestión de fondo a través de una acción de amparo. También pidió que dicha medida sea otorgada bajo caución juratoria, sin necesidad de contracautela, y que se reconozca su legitimación como organización sindical con personería gremial.

UPCN advirtió que, en caso de no obtener una respuesta favorable en la Justicia argentina, recurrirá a instancias internacionales. Entre ellas, mencionó la posibilidad de presentar denuncias ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como ante organismos internacionales del ámbito laboral.

La controversia se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos estatales, que denuncian un proceso de desregulación y pérdida de derechos laborales. La decisión de eliminar el asueto del 27 de junio, para muchos, se inscribe en esa línea.