En medio del debate acelerado de la Ley de Modernización Laboral en el Congreso, el conflicto con los gremios suma nuevos focos de tensión. El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, cuestionó con dureza el proyecto y advirtió que, de aprobarse, el personal embarcado quedaría excluido de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

“El personal embarcado se queda sin la cobertura básica que garantiza el artículo 14 bis de la Constitución”, afirmó el dirigente, al referirse al inciso (g) del artículo 2° de la iniciativa, que aparta expresamente a los marinos del régimen general laboral. Según explicó, esa exclusión los colocaría en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica.

Sin norma supletoria

Moreno señaló que, hasta ahora, cuando surgían conflictos no contemplados en los contratos de ajuste, se recurría a la LCT como norma supletoria para garantizar derechos mínimos tanto a marineros como a capitanes. Con la reforma, en cambio, se consolidaría la idea de que el régimen de navegación es completamente autónomo.

“El problema es que la Ley de Navegación tiene naturaleza comercial y administrativa. No está diseñada con el criterio de justicia social que sí tienen los convenios colectivos o la propia LCT”, remarcó. A su entender, esa modificación debilita el esquema de tutela general del trabajador embarcado.

Riesgo de “deslaboralización”

Otro de los puntos que encendió las alarmas en el sector es el inciso (d), que incorpora los conceptos de transporte y flete dentro de la órbita del Código Civil y Comercial. Para el dirigente, esa redacción podría facilitar que determinadas tareas se encuadren como vínculos comerciales entre partes independientes y no como relaciones laborales.

“Se abre la puerta a que se disfrace empleo bajo la figura de contrato comercial. Eso, en la práctica, sería el fin del trabajo formal en la actividad”, sostuvo.

Actualmente, el sector marítimo, fluvial y pesquero mantiene —según datos sindicales— un nivel total de registración del personal, producto de los estrictos controles vinculados a la matriculación de embarcaciones y tripulaciones. Moreno advirtió que el nuevo esquema podría derivar en acuerdos individuales, facturación como monotributistas y fragmentación de la profesión.

Movilización confirmada

El titular del Centro de Patrones, quien integra espacios como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), ratificó la movilización al Congreso junto a otros gremios y el acompañamiento a la medida de fuerza anunciada.

Además, cuestionó la intención de modificar la ultraactividad de los convenios colectivos y consideró que la exclusión del personal embarcado de la LCT implica un retroceso en términos constitucionales.

“No se trata de una postura política ni de un capricho. Si esta norma avanza, se pierden derechos concretos y después será tarde para revertirlo”, concluyó.