En la antesala de un debate que el oficialismo pretende acelerar en el Congreso, la denominada Ley de Modernización Laboral avanza hacia el dictamen con la intención de ser tratada en el recinto en cuestión de horas. El cronograma exprés no hizo más que recalentar el clima sindical: distintos gremios confirmaron movilización al Parlamento y un paro general, mientras que desde el sector marítimo advierten que el proyecto podría alterar de raíz el esquema laboral vigente.

La voz de alarma la encendió Mariano Moreno, titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo. El dirigente sostuvo que uno de los artículos de la iniciativa deja expresamente afuera al personal embarcado del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que —según su interpretación— implicaría perder el paraguas normativo que hoy funciona como garantía mínima ante conflictos no contemplados en los contratos específicos de navegación.

Moreno explicó que, hasta ahora, cuando surgían situaciones no previstas en los contratos de ajuste, se recurría a la Ley de Contrato de Trabajo como norma complementaria para proteger tanto a marineros como a capitanes. Con la reforma, en cambio, se consolidaría la idea de que la actividad se rige exclusivamente por el régimen de navegación. A su entender, esa normativa tiene un carácter esencialmente comercial y administrativo, sin la impronta de tutela social que aportan los convenios colectivos o la legislación laboral general.

Otro de los puntos cuestionados es la inclusión de figuras como el transporte y el flete dentro de la órbita del Código Civil y Comercial. Para el dirigente, esa redacción podría habilitar a las empresas a encuadrar determinadas tareas como vínculos entre partes independientes y no como relaciones laborales. “Se abre la puerta a la deslaboralización de la actividad”, advirtió, al plantear que ese cambio pondría en riesgo el empleo registrado.

El planteo cobra especial relevancia en un sector que, según datos sindicales, mantiene la totalidad de su personal formalizado gracias a un sistema de controles estrictos sobre las embarcaciones y las tripulaciones. Moreno alertó que, de prosperar la reforma, podrían proliferar acuerdos individuales y esquemas de facturación que fragmenten la profesión y debiliten la negociación colectiva.

Integrante de espacios como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y la Confederación General del Trabajo, el dirigente ratificó la presencia del sector en la protesta frente al Congreso y cuestionó la intención de modificar la ultraactividad de los convenios colectivos. Desde su perspectiva, la iniciativa no solo redefine marcos contractuales, sino que afecta garantías constitucionales básicas.

Mientras el oficialismo busca acelerar los tiempos parlamentarios, el conflicto escala en la calle. Para los gremios, lo que está en juego no es una discusión técnica sino el alcance mismo de la protección laboral en actividades estratégicas del país.